Cancilleres de Brasil y Uruguay ratifican el 14 convenio que favorece a habitantes fronterizos

En dicha ocasión se llevará a cabo la ceremonia de firmas del canje de los instrumentos de ratificación del convenio sobre residencia, estudio y trabajo para los nacionales fronterizos uruguayos y brasileños. También se rubricará el «Acuerdo sobre cooperación policial en la investigación, prevención y control de hechos delictivos».

Quedará acordada la constitución de la comisión Mixta Uruguayo-Brasileña de Licitación establecida en el artículo II del Acuerdo para la construcción de un segundo puente sobre el río Yaguarón y la restauración del actual puente Barón de Mauá.

En la ocasión se entregará en forma simbólica, un documento fronterizo, previsto en el convenio sobre residencia, estudio y trabajo, a un ciudadano de cada país por parte de los ministros de Uruguay y Brasil.

El proyecto de Ley que tuvo media sanción parlamentaria, establece que la calidad de fronterizo podrá ser inicialmente otorgada por 5 años y estos individuos recibirán un documento especial por parte de Migración-Uruguay. Este documento permite la residencia exclusivamente dentro de los límites territoriales de la localidad fronteriza. La calidad de fronterizo será cancelada por la pérdida de la nacionalidad de origen, condena penal, fraude o utilización de documentos falsos para su otorgamiento.

El Consejo Legislativo Internacional (organismo deliberativo binacional, integrado por vereadores de la ciudad de Santa Ana Do Livramento y por ediles de la Junta de Rivera) formalizó una propuesta de acuerdo internacional que incluye 16 puntos.

Se destaca el libre tránsito y permanencia de vehículos automotores extranjeros en las zonas de las dos ciudades. Libre tránsito y comercio de mercaderías producidas en ambos países en las zonas urbanas de las dos ciudades. Transferencias de las estaciones ferroviarias de Livramento y Rivera para la terminal Aduanera sobre el paso de frontera. Creación de una Universidad Binacional, la necesidad de medidas legales que permitan la cobranza de pensiones alimenticias decretadas por la justicia competente de cada país e iniciativas que permitan que el transporte colectivo urbano entre las dos ciudades puedan concretarse en forma simples sin necesitar para su implantación de licitación internacional como ocurre hoy. *