Resistencia católica al ingreso de abortistas a la Corte Suprema de Justicia argentina

Cuando en el cumplimiento de su voluntad de «sanear» la desacreditada Corte Suprema de Justicia de la Nación, el presidente argentino Néstor Kirchner postuló a dos juristas mujeres de amplia trayectoria profesional -Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco- seguramente no calculó por dónde podrían venir las mayores impugnaciones.

El expreso pronunciamiento de Argibay a favor de la despenalización del aborto, y su definición de «atea militante» le valió un aluvión de opiniones desfavorables. Sin perjuicio de ello, el Poder Ejecutivo envió su pliego al Senado el viernes último.

Ahora es el turno de Highton, pese a que midió más que su colega sus declaraciones públicas. Para objetar su candidatura, un grupo llamado Notivida, al que se sumó la asociación Pro-Familia -una entidad civil para la defensa y promoción de la familia vinculada a grupos católicos- envió cartas «en cadena» al Ministerio de Justicia que preside Gustavo Béliz.

Las misivas denuncian que en l993 la jurista publicó en la «Revista de Derecho Privado y Comunitario» de la vecina orilla, un artículo titulado «La salud, la vida y la muerte: un problema ético-jurídico: el discurso límite entre el daño y el beneficio a la persona», donde afirma que «en el tema del aborto está en juego no sólo la colisión de intereses entre el valor vida del embrión o del feto frente al valor libertad y autodeterminación de la madre, sino también -y eso es importante resaltar- el conflicto propio del derecho del no nacido y no querido».

«Debe resolverse dónde hay daño, si en la supresión de la persona o futura persona o en llevar un embarazo a término y hacer ver la luz a un niño forzadamente, para que sea maltratado, quede abandonado física o moralmente o está a cargo de instituciones de beneficiencia y del Estado», dicen los firmantes que agrega el trabajo académico.

Los agraviados, por su parte, alegan que «calificar a un no-nacido deseado o no-deseado o admitir «la colisión de intereses entre el valor vida del embrión o del feto frente al valor libertad y autodeterminación de la madre» legitima una gravísima discriminación del ser humano en los primeros días o meses de su vida: ésta estaría sometida a la arbitrariedad de los deseos, como si el ser humano fuera una cosa».

Como en su momento la de Argibay, la postulación de Highton ha merecido numerosas opiniones institucionales favorables de entidades nacionales, provinciales y municipales vinculadas al ámbito de la Justicia.

Las de signo contrario se limitan a las provenientes de los grupos antiabortistas, que también están librando su última batalla para frustrar las aspiraciones de Argibay a través del envío de cartas que la cuestionan al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Jorge Yoma. *