Claroscuros de una privatización muy polémica

La convocatoria había sido efectuada por la recientemente creada Comisión de Defensa del Puerto, y contó con la participación del diputado del Encuentro Progresista-Frente Amplio, Enrique Pérez Morad, del ex intendente de Maldonado y ex ministro de Turismo, Benito Stern, así como de ediles departamentales de todos los partidos y representantes de la mayoría de las instituciones turísticas de Piriápolis, conjuntamente con una delegación del PIT-CNT.

En medio de decenas de pancartas contrarias a la privatización, en la propia explanada portuaria, fue leída una proclama donde se revelaron algunos detalles de la «maniobra» del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para dejar en manos privadas algunos servicios que son considerados superavitarios.

La Comisión en Defensa del Puerto de Piriápolis está conformada desde hace dos semanas por actores de diferentes instituciones del balneario, y connotados dirigentes políticos de las tres fuerzas políticas más importantes de nuestro país, lo que demuestra un fuerte y unánime sentimiento de pertenencia.

El escritor y periodista Luis Martínez Cherro fue el encargado de dar lectura a la proclama en nombre de la Comisión de Defensa del Puerto. Allí reconoció que de no haber sido por el alerta lanzado por el senador Eleuterio Fernández Huidobro a través de una emisora local, «todavía seguiríamos todos en completa ignorancia sobre el importante y medular suceso que tiene que ver con uno de los patrimonios más queridos por la comunidad, el puerto de Piriápolis, encajado con fuerza en la mejor identidad de la ciudad creada por Francisco Piria».

 

Servicios superavitarios

Uno de los aspectos resaltados es que el intento privatizador apunta inicialmente a dos servicios superativarios, como el expendio de combustibles y el manejo de la grúa marítima, única en su tipo en Sudamérica.

Durante la proclama se reiteró que el llamado a licitación «ya tenía nombre y apellido y estaba dirigido a beneficiar a determinada empresa amiga de las actuales autoridades de la Dirección Nacional de Hidrografía», pero que, sin embargo, sólo un día y medio antes del vencimiento del plazo, «se presenta otra empresa y el 8 de marzo, sorpresivamente las autoridades de Hidrografía comunican públicamente el alargamiento del plazo», expresando que se modificarán los pliegos de condiciones originales.

Se dijo también que al futuro permisario de esos servicios, no se le pide absolutamente nada, ninguna inversión ni desembolso. Apenas deberá abonar por año una suma muy baja que tiene un mínimo de $ 210.000, «cuando sabemos que se cobran fuertes sumas en dólares para sacar embarcaciones del agua y depositarlas en la explanada». El pliego dice además, que para la misma operación pero con una embarcación de pesca, se exigen U$S 10.000 de garantía. En ese momento, se recordó que la grúa que se utiliza para esas operaciones, fue donada en la década del 90 por la organización de la regata internacional Whitbread, y que es la de mayor porte en su tipo en Sudamérica, ya que es capaz de movilizar -con rapidez y total seguridad- embarcaciones de hasta 100 toneladas de porte.

«Se tiene el justo temor de que este sea un primer paso, en un peligroso camino a recorrer que podría culminar con la privatización de todo el puerto, de este histórico, entrañable, emblemático puerto, de este nuestro querido puerto de Piriápolis», concluyó diciendo la proclama. *