El Ibope enfrenta nuevos problemas en Argentina

A raíz de una denuncia presentada por el Canal América de Argentina en el mes de diciembre, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ordenó a la Cámara de Control de Medición de Audiencia (CCMA), el organismo de control del rating, que «arbitre los mecanismos idóneos a fin de homologar empresas que ofrezcan el servicio de medición de audiencia».

Además ordenó a Ibope que hasta que se homologue a un tercero, «realice (…) mediciones de audiencia paralelas y continuas, mediante un sistema de encuesta coincidental telefónica».

Aunque tanto Ibope como el CCMA deben cumplir con la resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), ambas apelaron la medida ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Lo cierto es que parece poco probable que algunas de estas dos órdenes termine por cumplirse antes de que la Justicia se expida.

Juan Llamazares, director ejecutivo de CCMA, explicó al diario La Nación que el organismo envió además una carta a la CNDC. «Les dijimos que si aparece alguien con un método superior o igual al ‘people meter’ no tenemos poblema en homologarlo. El problema que subyace en el espíritu de esa resolución es que hay que homologar los coincidentales telefónicos. Pero hay muchas cosas con las que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, en su denuncia, América nos acusa de complicidad con Ibope. Hablar de complicidad está fuera de lugar. Y por eso presentamos hace ya una semana un recurso de apelación pidiendo la nulidad de la resolución».

Ibope, por su parte, también respondió la intimación. Según un vocero de la empresa, la medidora envió un escrito a la CNDC puntualizando «que no está de acuerdo con la resolución y que lamenta que la disputa se haya dirimido en ese ámbito cuando el lugar natural es la CCMA, que apelará la medida ante la Justicia y, finalmente, que cumplirá con lo ordenado por la CNDC».

Pero, según lo que pudo averiguar La Nación, Ibope no realizará los coincidentales telefónicos porque la resolución «es vaga y faltan precisiones para llevarla a cabo», según explicaron al periódico fuentes consultadas de la empresa cuestionada. *