La familia Borgoño Arce apelará ante el Tribunal Internacional de La Haya

Los siete integrantes de la familia Borgoño Arce sostuvieron ayer que la confirmación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo respecto a la resolución del Ministerio de Salud Pública contiene la exigencia de un examen inmunológico en el Pereira Rossell que es «ilegal».

Sostienen además que descalifica los certificados médicos de diferentes profesionales que la familia tiene en su poder, en los que consta que sus hijos no se pueden vacunar porque pondrían en riesgo sus vidas. Los hijos de la familia  Maite (21), Nahuel (19), Ayelen (18), Noheli (12) y Yasimara (8)  nunca fueron vacunados. Juan Carlos Borgoño señaló que «la ley de vacunación obligatoria me dice que debo ir a mi médico, solicitarle que constate en un certificado la razón por la cual no se puede vacunar, y este documento lo debo presentar en un puesto de vacunación y debe ser canjeado por una constancia de vacunación. Eso es lo que dice la ley. El examen es ilegal».

La ley 15.272, del 4 de marzo de 1982, ordenanza 939, en el artículo 5º, dice textualmente que en caso de exoneración por causa médica, el profesional tratante expedirá un certificado donde conste el nombre de la persona, el tiempo por el cual no puede vacunarse y el motivo de la exoneración. Este certificado será canjeado por el CEV en los puestos de vacunación.

Según dijo Borgoño, quien hace más de 10 años que viene luchando por que no vacunen a sus hijos, hay una patología familiar que hace riesgoso para la vida de los chicos la vacunación, así como el consumo de carne, huevos y otros elementos que también les causarían problemas neurológicos. Padre y madre han presentado documentos médicos que confirman esta teoría, y recomiendan una dieta vegetariana-naturista. «Está demostrado clínicamente que si mis hijos se vacunan, se mueren», dijo el padre.

Dentro de las pruebas que posee la familia Borgoño Arce, hay diferentes constancias de profesionales: el doctor Rolando Freire, de Buenos Aires, médico anópata, y en Montevideo del doctor Alberto Lukinsta, actual director de Higiene del Ministerio de Salud Pública, así como también de los médicos Delio Esteve, Jorge Paz y Aldo Pallares, quienes certificaron la exoneración de las vacunas a los hijos de Borgoño. «El mismo Ministerio está descalificando la labor de uno de sus profesionales», señaló Borgoño.

La familia de Tarariras agregó que incursionarán en una instancia internacional en el Tribunal de La Haya, «para parar la patota de ciertos funcionarios que quieren atropellarnos con poder, y no con hechos legales y científicos».

La instancia internacional, según estimó la familia, se dará por violaciones constatadas a la igualdad ante la ley y la violación a la ley de vacunación. *