Chile instaura el divorcio pese a la oposición de la Iglesia Católica
Los artículos de la nueva ley, aprobados uno por uno en la tercera etapa de su tramitación legislativa, quedaron en condiciones de ser promulgados por el presidente Ricardo Lagos al cabo de nueve años de debate en el Parlamento.
La ley de divorcio, que inicialmente aprobó la Cámara en enero de 1997 después de dos años de debate, fue ratificada por el Senado en agosto pasado y volvió a su cámara de origen para su aprobación final con algunas modificaciones que introdujeron los senadores.
Con un 70% de católicos en su población de 15 millones de habitantes, Chile mantuvo durante 120 años una ley de matrimonio civil que no permitía la disolución del vínculo entre los esposos, pero en cambio aceptaba declarar nulo ese acto de unión cuando un juez así lo estableciera.
El mecanismo, vigente desde el 10 de enero de 1884, fue aceptado sin reparos por la Iglesia Católica, pero los medios laicos lo consideraron «una farsa legal».
En la práctica, para obtener la «nulidad matrimonial» los cónyuges alcanzaban un acuerdo previo y luego, ante el juez, presentaban a lo menos tres testigos que acreditaban errores en el acta civil, como la dirección equivocada del domicilio de la novia o una alteración en la fecha de nacimiento del novio.
Según estadísticas oficiales, más de 6.000 parejas llegaban anualmente ante los tribunales para obtener la «nulidad» de sus matrimonios, en una rutina cuyos detractores calificaban como «una hipocresía» con el aval de la ley.
Tras el acuerdo del Parlamento, Chile es el último país occidental que introduce el divorcio en su marco legal después que en 1996 Irlanda aprobó la ley a través de un referéndum, pese a que su población es mayoritariamente católica.
Durante el largo debate en Chile, la Iglesia Católica se situó a la vanguardia de las voces que se opusieron a modificar la antigua ley, sobre la base de que el divorcio atenta contra «la estabilidad de la familia».
Uno de los artículos más controvertidos durante la discusión es el que otorga validez legal al matrimonio religioso, en una «concesión» a la Iglesia Católica.
Esa norma entrega a los contrayentes la posibilidad de celebrar el matrimonio religioso y después de ocho días validarlo legalmente a través de una inscripción en el Registro Civil.
Desde el punto de vista de la Iglesia, con este artículo los católicos tendrán la posibilidad de recibir solamente el sacramento religioso que consagra su matrimonio, sin optar al procedimiento civil ni quedar sujetos a las normas sobre el divorcio.
El polémico artículo fue rechazado sin embargo por las iglesias evangélicas, que lo ven como «una concesión simbólica a la Iglesia Católica, que implica un retroceso histórico desde la perspectiva de más de un siglo de vigencia del Estado laico», según dijo el pastor Juan Sepúlveda.
En sus campañas para oponerse a la ley, la Iglesia intentó sensibilizar a los chilenos sobre «los devastadores efectos» que provocaría, con mensajes en la televisión afirmando que el crimen, la droga y el alcoholismo son más frecuentes entre los hijos de padres separados. «Pero fue muy poco lo que hizo la jerarquía de la Iglesia para impedir que se legislara sobre en materia», advirtió el diputado Marcelo Forni, de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), tras la ratificación del Parlamento.
«La gente no se va a divorciar porque hay una ley, la gente se divorcia cuando la relación afectiva y amorosa se ha roto», replicó la presidenta de la Cámara de Diputados, Isabel Allende, miembro del oficialista Partido Socialista.
El Gobierno del presidente Lagos se manifestó satisfecho por la aprobación de la ley, a través de una primera declaración del ministro de Justicia, Luis Bates.
«Debemos celebrar el enorme respeto y el ejercicio democrático que se hizo en un tema tan sensible como éste, que cruza intereses o valores de muchos sectores», señaló el ministro.
El presidente Lagos quedó en condiciones de promulgar la ley en los próximos días, para que entre en vigencia en un plazo de seis meses. *
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