Tasa de alumbrado: final abrupto para la discusión en la Junta Departamental

El cobro de la tasa de alumbrado por parte de UTE en Canelones continúa generando crispaciones políticas. La sesión del pasado viernes en la Junta Departamental se levantó en el medio de polémicas y voces subidas de tono.

La edila frenteamplista Loreley Rodríguez dijo a LA REPUBLICA que en Canelones se vive «una auténtica dictadura».

A los curules de izquierda les tomó por sorpresa que se levantara la sesión antes de tiempo quedando sin discusión los principales temas. La sesión había sido citada para discutir el cobro de la tasa de alumbrado, los reaforos y el convenio firmado por la comuna con el Colegio de Abogados para que este organismo se encargara de cobrar y ejecutar a los morosos. Para el estudio de esos temas sólo se votó un tiempo de dos horas, por lo que no se profundizó en el diálogo, crispando el ánimo de los ediles.

«Es una vergüenza que la Junta discuta de esta manera estos temas tan importantes», dijo Rodríguez. Ante la eventualidad de que el intendente Tabaré Hackenbruch sea llamado a sala nuevamente, la edila expresó que «no tiene sentido porque ni viene ni escucha a la Junta», agregando que «en este departamento no hay democracia». La bancada frenteamplista maneja la posibilidad de pedir la intervención del Tribunal de Cuentas para que observe lo relativo a los reaforos y que además controle de cerca el sistema informático de la IMC. Como se informara oportunamente, la Intendencia pasó a manos de UTE el cobro de la tasa de alumbrado en función de la deuda de casi 300 millones de pesos que mantiene por todo concepto. No sólo energía eléctrica busca cobrar el organismo, ya que los servicios de su consultora, Conex, tampoco ha sido pagado por la comuna.

La cuestionada resolución salió de la Intendencia «a las apuradas» el 31 de diciembre último y para los voceros frenteamplistas se ocultó durante diez días «para que no se pudiera cambiar».

A partir de ahora, todas las tarifas de consumo eléctrico en Canelones llegarán con el cobro de este tributo incluido, cifra cercana a los $100, lo que para muchas familias significará un esfuerzo extra para no quedarse sin el servicio. La medida es catalogada de «ilegal, injusta y desigual» por la edila Rodríguez. Días pasados, en el ámbito de la Junta Departamental el secretario general de la comuna, Roberto Yavarone, reconoció que la deuda que se mantiene con UTE fue convenida a 12 años, algo que fue mal visto por la oposición. «Le deja los problemas a los que vienen atrás», se indica desde la oposición. *