Bordaberry dijo que Buquebus "podrá interponer los recursos administrativos que crea conveniente"
Yo no negué, pero estoy de acuerdo con la decisión que adoptó la Administración Nacional de Puertos porque aplicó la ley vigente», afirmó el jerarca.
La mencionada ley refiere a que los bienes improductivos del Estado que no se exploten y alguien quiere hacerlo puede solicitarlo, porque está votado por el Parlamento Nacional, comentó.
La negativa había sido comunicada a Buquebus a través de la Oficina de Atención al Inversor, un órgano que gira en la órbita del Ministerio de Turismo, que está encargada de brindar a los inversores una respuesta a sus proyectos en un plazo de 90 días.
«Ley pareja para todos»
En diálogo con LA REPUBLICA, el Secretario de Estado comentó que «la ley es pareja para todos, para Juan Pérez, para el señor Rodríguez y para el señor Buquebus».
Explicó luego que está en vigencia una norma llamada Concesión a Privados de Obra Pública, que permite al inversor explotar un bien del Estado.
Para que ello suceda, los inversores deberán presentar un proyecto que sea viable para su desarrollo, agregó.
El tal sentido, el Estado podrá o no aceptar la propuesta del inversor, teniendo éste entre un 5 y un 20 por ciento de posibilidades de ser aprobado, explicó.
La licitación ya estaba decidida
En este caso, señaló Bordaberry, cuando Buquebus presentó a la ANP el proyecto de inversión, el organismo portuario ya tenía pensado llamar a licitación desde hacía dos años.
«Que hay que remodelar la Terminal, estoy de acuerdo, pero reiteró se deberá respetar la ley, aunque Buquebus posea varios proyectos de inversión para el país».
La empresa marítima había exigido a la ANP que fuesen respetados sus derechos como operadores de la Terminal, ya que apelaron a la existencia de una normativa que los habilitaría a realizar la inversión.
En tal sentido, Bordaberry dijo desconocer que exista la normativa aducida por Buquebus.
«Si la empresa quiere hacer algo que para ellos atenta contra sus principios, podrá interponer los recursos administrativos que crea conveniente, como informar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo obteniendo la defensa que deseen», replicó.
«Yo soy contrario a los monopolios; quiero competencia», reclamó el ministro. *
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