El fantasma de la censura

La escalada contra las libertades individuales, iniciada a finales de 2001 por el núcleo neoconservador estadounidense involucrado en la «guerra global contra el terrorismo», alcanzó niveles inesperados hace apenas una semana, cuando la Administración Bush prohibió la publicación en la prensa especializada de artículos científicos provenientes de Cuba, Libia, Irán y Sudán, alegando la violación del embargo comercial impuesto a dichos países. Una medida sin parangón, inimaginable en los años del macartismo o la época de la guerra fría, cuando los científicos e investigadores del llamado «campo socialista» tenían la posibilidad de mantener contactos profesionales e intercambiar información con sus colegas de EEUU.

La decisión roza el paroxismo. En efecto, el gobierno se reserva el derecho de tomar una serie de medidas «contundentes» contra las personas o instituciones que infringen la normativa legal promulgada por la Secretaría del Tesoro a finales de 2003. Las sanciones previstas por Washington oscilan entre la imposición de multas de hasta 50.000 dólares y penas de ¡10 años de cárcel! Extraña manera de interpretar o, mejor dicho, de desvirtuar las prerrogativas de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión.

Cabe preguntarse si el nuevo ataque contra los derechos fundamentales de los ciudadanos forma parte del ya de por sí extenso anecdotario de medidas kafkianas adoptadas por los Gobiernos o si se trata, como advierten algunos politólogos, de una estrategia ideada por el núcleo neoconservador que lidera la cacareada «guerra global contra el terrorismo», la «cruzada» de George W. Bush. Lo cierto es que tanto la comunidad científica estadounidense como la todopoderosa Asociación de Editores Americanos censuraron la decisión, haciendo hincapié en el hecho de que los embargos comerciales no afectan la circulación de ideas y/o de material informativo. Sin embargo, la manera de actuar de la Administración refleja un peligroso estado de ánimo: el escaso respeto a las opiniones ajenas y la animadversión de los neoconservadores hacia los regímenes que se resisten a aceptar las reglas de juego impuestas por el Imperio.

Mientras los activistas estadounidenses se dedican a denunciar la multiplicación de medidas que desembocan, invariablemente, en la erosión de las libertades fundamentales y los derechos cívicos, los ciudadanos de algunos países europeos comprueban en sus propias carnes las «dichas» de la nueva visión de la información de sus respectivos Gobiernos. En el Reino Unido, uno de los pocos baluartes de la libertad de prensa, los magistrados parecen dispuestos a avalar las mentiras o medias verdades del Gabinete Blair, haciendo suya la máxima: «El Gobierno nunca se equivoca». Es lo que se desprende la las conclusiones del Informe Hutton, que prefiere cargar tintas contra la BBC, acusándola de manipular la información relativa a las inexistentes armas de destrucción masiva que justificaron la guerra de Irak, exculpando a la vez al primer ministro británico, que sale reforzado de este pulso con los medios de comunicación. Sin entrar en detalles sobre la cuestión clave, es decir, la independencia de la prensa, el Informe Hutton critica el «periodismo descuidado» de Andrew Giligan, sin aludir siquiera a la manipulación, tanto semántica como temática, de las noticias facilitadas por el Gobierno antes, durante y después del conflicto.

La Justicia estima, en cambio, que es preciso exigir a los informadores una «mayor escrupulosidad» en el ejercicio de su profesión, alusión ésta interpretada por algunos veteranos periodistas ingleses como una advertencia: la prensa ha de ser más dócil a la hora de tratar con el poder. Pero, ¿acaso ello significa una exhortación a la… autocensura? Para los profesionales de la información y los empresarios de prensa del Reino Unido, ello supondría mucho más que el final de una era y de su poderío; sería un duro golpe asestado a la tradición democrática.

En España, cuyo gobierno fue aliado de los EEUU en la guerra de Irak, los profesionales lamentan a su vez el constante deterioro de las condiciones de trabajo, así como la falta de transparencia informativa que se ha puesto de manifiesto claramente en la precampaña electoral. Hay quien estima, en efecto, que la innegable pérdida de calidad de la información periodística registrada después del 11-S se debe a las presiones ejercidas por el poder para controlar la opinión, acallar las voces independientes y acusar a los detractores de las políticas gubernamentales de connivencia con los terroristas. Pero que en la mayoría de los casos, se trata de una simple coartada.

Un fantasma recorre el Imperio de George W. Bush y las tierras de sus vasallos. Es el fantasma de la censura. (Publicado en La Insignia) *

(*) Escritor y periodista