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La 711 asegura que cerrar las cuentas de farmacias que venden cannabis viola la institucionalidad de la República

La Lista 711, que lidera el vicepresidente, Raúl Sendic, emitió una declaración en la cual rechaza la decisión de los bancos privados y del BROU de cerrar las cuentas de las farmacias que expenden cannabis legal, y exige una solución para el libre ejercicio de los derechos consagrados en la Ley.

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El sector político considera que la determinación de las instituciones bancarias es “contraria a los derechos y libertades consagrados por la Constitución de la República, viola la institucionalidad, resulta un atentado a la libertad y el trabajo de varios emprendimientos y viola la seguridad y los derechos de más de 20.000 ciudadanos que  se registraron en el Instituto de Control y Regulación del Cannabis (IRCA).

En tal sentido, la Lista 711 solicita a la Junta Nacional de Drogas, al Banco Central del Uruguay (BCU) y al BROU que “encuentren las medidas necesarias para que se pueda ejercer los derechos y objetivos establecidos en la Ley de legalización de la producción y venta de marihuana.

El comunicado

Debido a la decisión de los bancos privados y del Banco de la República Oriental del Uruguay de cerrar cuentas bancarias de emprendimientos que se dedican a la producción y distribución cannabis, del cáñamo y sus derivados, como a la dispensación legal del cannabis regulado por el Estado, la 711 expresó que la medida es “contraria a derechos y libertades consagrados por nuestra Constitución”.

La decisión de los bancos “viola la institucionalidad y las decisiones soberanas de Uruguay y del Parlamento nacional”.

Asimismo, se indica que resulta un “atentado contra la libertad y el trabajo de varios emprendimientos referidos al cannabis regulado por la Ley 19.172 en sus diversos campos de acción”.

“También viola la seguridad y los derechos de más de 20.000 ciudadanos que acatando la Ley, se han registrado en el IRCA depositando su confianza en el Estado y dejando de concurrir al mercado ilícito dominado por el narcotráfico para acceder legalmente a dosis razonable para uso individual”, expresa la Lista 711 en su declaración.

A la vez, el sector político afirma que la decisión de las entidades bancarias “desconoce los fundamentos y definiciones” de la Ley 19.172 que tiene como objeto “proteger a los habitantes del país de los riesgos que implica el vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico, buscando mediante la intervención del Estado, atacar las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas del uso problemático de sustancias psicoactivas, así como reducir la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado”.

El sector de Sendic afirma que la política de riesgos de la actividad bancaria aludida como motivo de las medidas, como las obligaciones sobre control de lavado de activos,  “no son de recibo cuando se trata de leyes nacionales que explícitamente regulan la producción y el comercio del cannabis”.

Las medidas de control bancario, “pueden y deben armonizarse al orden democrático del Uruguay, sus organismos de regulación y las decisiones soberanas sobre políticas públicas y los derechos de nuestros ciudadanos y ciudadanas”.

La política pública en drogas que lleva adelante el Estado uruguayo “tiene fuertes fundamentos en el derecho internacional y en los derechos humanos”, remarca la 711.

También recuerda que en la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebró en abril del 2016 en Nueva York, se “llego a nuevos consensos ante la existencia de mercados regulados de cannabis en varios países y adoptó una clausula inclusiva y de flexibilidad en su documento final”.

En la misma se expresa que: “Existen retos persistentes, nuevos y cambiantes que deberían afrontarse de conformidad con lo dispuesto en los tres tratados de fiscalización internacional de drogas, que ofrecen a los Estados partes suficiente flexibilidad para formular y aplicar políticas nacionales en materia de drogas con arreglo a sus prioridades y necesidades¨.

Por todo ello, la 711 solicita a la Junta Nacional de Drogas, al BCU y al BROU que “encuentren las medidas necesarias para que se pueda ejercer los derechos y objetivos establecidos en la ley 19.172, a los efectos de garantizar la protección efectiva de los derechos vulnerados por la decisión unilateral de varios bancos extranjeros y del BROU”.

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