Intendencia crea comisión para analizar descargos y pruebas de conductores sobre multas

El procedimiento de impugnación tiene como fin “plasmar el derecho de defensa del presunto infractor, brindando las garantías y el debido proceso, previo al dictado de cualquier resolución que imponga una sanción en materia de tránsito”, informó la Intendencia de Montevideo.

Luego de que la persona es notificada de la infracción por los diferentes medios existentes, dispone de un plazo de 10 días para presentar su descargo y aportar pruebas ante la Comisión, la cual -a su vez- tiene 30 días corridos para expedirse a partir de la fecha de recepción del expediente.

Los particulares podrán presentar los descargos en formularios pre impresos que podrán descargarse del sitio web de la Intendencia de Montevideo.

Dicha Comisión tendrá la potestad de “convocar al inspector o solicitar las pruebas que estime necesarias”.

Una vez vencido ese plazo -previa notificación- se habilitará a la persona que se le aplicó la multa a que pueda presentar los recursos administrativos que no tendrán efecto suspensivo respecto del derecho de la administración al cobro de la multa, se indicó desde la administración departamental.

Entretanto que las multas serán cargadas al sistema informático “al momento en que se haya dictado la resolución”.

La Comisión resolverá por mayoría simple de sus integrantes, requiriendo un mínimo de cuatro componentes para funcionar.

La Comisión Asesora de Descargos

“Una vez vencido el plazo si no se presentaron descargos, o en caso que se hubiese presentado, una vez que la Comisión Asesora de Descargos se pronuncie sobre éstos, será necesario que la Dirección de Tránsito dicte una resolución definitiva sobre si se procede o no la aplicación de la multa”, explicó el director interino de Asesoría Jurídica, Marcelo Schelotto.

La Comisión Asesora de Descargos, que funcionará en la órbita de la División Tránsito, estará integrada por siete miembros: tres designados por Movilidad (uno de ellos será quien presidirá la Comisión); un miembro designado por Asesoría Jurídica; un miembro designado por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV); un miembro designado por la Asociación Nacional de Consumidores por la Seguridad Vial (ANCOSEV); y un miembro de la sociedad civil Centro de Protección de Choferes.