Minera Aratirí presenta demanda internacional contra Uruguay por su conducta “arbitraria y no transparente”

Los inversores en la minera Aratirí y sus subsidiarias, iniciaron un arbitraje de inversión contra el Estado uruguayo por “incumplimiento del Tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Oriental del Uruguay, en relación a las inversiones en el proyecto de mineral hierro Valentines, uno de los más grandes yacimientos a nivel mundial”.

La notificación del arbitraje fue enviada en las últimas horas al Estado uruguayo.

El reclamo se sustenta en la “conducta arbitraria y no transparente del gobierno uruguayo, contraria a las legítimas expectativas de los inversores en el proyecto Valentines”.

Este tipo de conducta es “violatoria del Tratado internacional de protección a las inversiones entre el Reino Unido y Uruguay”, asegura la compañía.

El arbitraje se inició bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, conocida como UNCITRAL.

Los inversores ya nominaron a su árbitro y esperan que Uruguay responda a la notificación del arbitraje y nomine al suyo.

Planteo

Aratirí expresa, a través de un comunicado, que el gobierno uruguayo “incentivó” a los inversores desde el comienzo a que desarrollaran el proyecto.

Incluso se llegaron a negociar, y estuvieron a punto de firmarse, varios acuerdos para “facilitar su implementación”.

Minera Aratirí y sus subsidiarias contaban con “varios permisos de prospección y exploración, que les otorgaban un derecho exclusivo a obtener la concesión de explotación del proyecto Valentines”.

Remarcan que, sin embargo, el gobierno uruguayo “implementó cambios a las reglas de juego afectando específicamente el proyecto, y de forma retroactiva”.

Además, el gobierno “instó a la minera Aratirí a ubicar uno de los elementos claves de su proyecto -el puerto que utilizaría para exportar el hierro producido- en un lugar específico, La Angostura, en un lote propiedad del Ministerio de Defensa”.

Luego de que los inversores “gastaran decenas de millones de dólares diseñando el puerto en ese lugar y haciendo todos los estudios del caso, el gobierno decidió unilateralmente que el puerto del proyecto debía ubicarse en otro lugar, en el que el gobierno quería desarrollar un puerto de aguas profundas”.

La compañía asegura que la firma “mostró su buena voluntad y, a pesar de los gastos adicionales y el retraso que conllevaba, cambió la ubicación del puerto”.

Luego, “el gobierno uruguayo volvió a dar vuelta su posición y derogó las regulaciones sobre el puerto de aguas profundas, tornando aún más incierta la ubicación”.

Entretanto, cuando la compañía solicitó que se volviera al plan original propuesto por el gobierno, el Ministerio de Defensa “se rehusó a permitir el uso de aquel lote a ese efecto”, detalla Aratirí en su demanda, y afirma que tales son solo algunos ejemplos de “acciones violatorias del Tratado”.

Los inversores afirman que “confiaron en la conducta del gobierno y en sus promesas con respecto al proyecto”.

Con base en ello, “invirtieron cientos de millones de dólares en el país en su desarrollo”.

El proyecto en un momento llegó a emplear casi 200 personas y estaba planeado que empleara a miles de uruguayos.

“Lamentablemente, ello no fue posible debido a la conducta del gobierno, que no cumplió con sus promesas ni sus obligaciones, frustrando así el desarrollo del proyecto minero y causando muy importantes pérdidas los inversores”, manifiesta Aratirí.

El socio de King & Spalding que lidera el caso, Ken Fleuriet, dijo que de acuerdo a su experiencia en este tipo de disputas, “el caso de los inversores es muy sólido porque la conducta del Estado fue claramente violatoria del Tratado”.