Peri Valdez: violador de la República

El fiscal del Foro Batllista. Nos impresiona que el Dr. Sanguinetti haya hecho trascender a través de la prensa que viene conversando telefónicamente con Peri y que lo está «aconsejando como abogado». Nos impresiona luego, para confirmar que es un fiscal de facción  fiscal del Foro Batllista  el apoyo encolumnado a Peri de parte de Correa Freitas, Scavarelli, Abdala (que propone que en la interpelación de hoy se resuelva que Peri vuelva al cargo y siga sumariado), el Correo de los Viernes. Desparpajo. Y tontería en la oposición.

LA VIOLACIÓN DE LA AUTONOMÍA FISCAL. Como se sabe, la Constitución quiere que el poder fiscal de la República no esté concentrado. Para ello determina que tanto el fiscal de Corte como los demás fiscales letrados tengan que ser designados mediante venia del Senado por mayoría de 3/5 de votos. Todos por igual, el fiscal de Corte y los demás fiscales. Es decir que la multiplicidad de la legitimidad fiscal es de rango constitucional. Es decir, cada fiscal es autónomo y en la autonomía de cada fiscal reside el sistema de garantías de la República. Como decía sabiamente Montesquieu, «Del magistrado único no puede ser más que un gobierno despótico. La multiplicidad de magistrados suaviza la tiranía de la magistratura». Es decir que cada fiscal letrado de la República, individualmente considerado, es el Ministerio Público. La Constitución de 1934 resuelve este sistema de que a los fiscales los nombra el Poder Ejecutivo con venia del Senado. En realidad el tema fue bastante discutido. El diputado Justino Jiménez de Aréchaga, por ejemplo, había sido ferviente partidario, cuando la creación de la Alta Corte de Justicia en 1907, de que a los fiscales pertenezcan al Poder Judicial (Justino Jiménez de Aréchaga, La Constitución Nacional, Tomo V, pág. 121). En rigor, el sistema que se crea en 1934  designación por el Poder Ejecutivo con venia del Senado  debiera revisarse. Peri demuestra que el anhelado sistema de pesos y contrapesos ideado por Montesquieu para garantía de todos los ciudadanos está fracasando en Uruguay. (Decía Montesquieu: «Es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder siente la inclinación de abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites». ¡Quién lo diría! La misma virtud necesita límites. Para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder.) De donde son inconstitucionales todos los «instructivos», «criterios comunes», «directivas», «métodos recomendados», «solicitudes de información», «monitoreos», «calificaciones», «evaluaciones», «coordinaciones», etc., etc., que ha impuesto Peri Valdez.

Los fiscales Brovia (el más antiguo y quien está subrogando a Peri) y Viana comparecen ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, en diciembre de 2001. Ahí relatan cómo mediante el llenado de formularios (describen cuatro) se hace que los fiscales formen una base de datos ilegal (el único registro legal es el creado en 1904, acota Brovia) con datos sobre inocentes y culpables, menores y mayores, involucrados y no involucrados. «Esto supone, dijo Brovia, una ampliación de la competencia de la Fiscalía de Corte. Luego, los dos fiscales le relatan pormenorizadamente a la Comisión senatuorial cómo cada fiscal debe coordinar su actuación con la Policía. «Debo decir, dijo Brovia, que actué 10 años en el Interior del país durante el gobierno de ipso y nunca fui a discutir con un Comisario qué pasaba. Hablando en castellano, esto es discutir, cuando hay diferencia, con la Policía. Creo que esto viola la independencia técnica del Ministerio Público».

Luego, los dos fiscales le explican a la Comisión del Senado el perverso sistema mediante el cual, antes de que el fiscal reciba el caso, el llamado Centro de Apoyo tipifica qué delito debe acusarse. Es decir: cómo a cada fiscal le llegan juntos el memorándum policial, el acusado y la opinión del Centro de Apoyo de lo que debe hacer el fiscal. Terminado el Turno, cada fiscal debe ir a explicar al fiscal de Corte si ha actuado de acuerdo o no con lo que se le indicó. Esas explicaciones debe darlas en presencia de la Policía en el Centro de Apoyo. Cuentan cómo en esas ocasiones los policías «protestan contra el fiscal». Dice el fiscal Viana: «A nuestro juicio, este sistema lesiona indudablemente la independencia del fiscal, porque se le dice lo que tiene que hacer, luego se lo evalúa y, por último, se le reprocha lo que hizo o dejó de hacer».

Abundando sobre en qué consisten las evaluaciones de la gestión de cada fiscal, describen lo que se llama «indicadores de gestión». Un indicador es «la prontitud en la devolución de las llamadas» al fiscal de Corte. Otro indicador, «la capacidad de modificación de las conductas (de los fiscales) de acuerdo a instrucciones». Da pánico.

LA POLICÍA JUDICIAL. De modo inconstitucional, Peri Valdez ha creado el embrión de la Policía Judicial. Demos dos pasos hacia atrás, tomemos perspectiva y veamos la realidad. Lo que informan los diarios del día de hoy, jueves, en que escribo estas líneas. Título de primera de El País. Incluye la expresión «Policía especial de fiscalía». En el interior del mismo diario titula la noticia: «Investigación administrativa para determinar si el Comisiario Inspector Roberto de los Santos, el agente especial del Ministerio en la Fiscalía realizó grabaciones clandestinas». Agrega: «De los Santos era el policía especial que actuaba en estrecho contacto con el fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez», y finaliza: «Investigador policial de Fiscalía».

En su texto, la noticia explica que «un Ministro de la Suprema explicó que el testimonio que se mandó al Ministerio del Interior (de parte de la Suprema Corte de Justicia) comprende ‘la eventual irregularidad de un comisario trabajando con el fiscal de Corte, por su dudosa legalidad'». Y agrega la crónica: «Esta situación será investigada por el ministro del Interior, quien tiene conocimiento de que el Comisario Inspector utilizaba una oficina en la sede de la Fiscalía de Corte, la que fue retirada el día anterior a que se decretara el sumario con separación del cargo de Peri Valdez. Fuentes del MEC señalaron que existe la sospecha de que el investigador tuviera acceso a la información centralizada de los procesos penales que posee el organismo». ¡Uruguay! ¡Uruguay! ¡Dónde estás! Un policía con oficina en la Fiscalía de Corte haciendo escuchas ilegales al Presidente de la Suprema Corte de Justicia.