Las familias desalojadas continúan "acampando" en reclamo de viviendas

Pese a que el artículo 45 de la Carta Magna uruguaya establece que «todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa», el déficit habitacional -recortes presupuestales mediante y alquileres inaccesibles-, se ha transformado a esta altura en un mal endémico para un amplio sector de la sociedad.

El artículo de marras expresa además que la ley «propenderá a asegurar la vivienda higiénica, económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para este fin». Sin embargo, en la práctica la situación dista mucho de los expresado en la Constitución.

Es el caso de sesenta adultos y noventa y tres menores que se encuentran literalmente en la calle, acampando frente al edificio del que fueran desalojados hace veinte días, a la espera de una solución por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma).

«Promesas incumplidas»

Varias decenas de carpas y un baño improvisado, junto a algunas mudas de ropas y utensilios de cocina, son parte del «campamento» que levantaron en pleno corazón de Belvedere.

«Estamos dispuestos a continuar acampando en la calle hasta que el ministro de Vivienda, Saúl Irureta, nos dé una solución al tema. Hasta el momento, lo único que recibimos de su parte fueron promesas incumplidas», manifestó ayer Albérico López a LA REPUBLICA.

«Más que una ocupación, que duró una semana hasta el desalojo, quisimos hacer un llamado de atención a las autoridades. Al parecer no quieren ver que hay centenares de familias en situación de calle», subrayó Sergio Adami.

En realidad el tema es delicado y a las partes involucradas en el diferendo les asiste la razón. Las razones esgrimidas por el Ministerio de Vivienda fueron precisas a la hora de solicitar el desalojo al Ministerio del Interior. Las viviendas fueron construidas para ser entregadas a jubilados y pensionistas y, por lo tanto, los «intrusos» deberían ser desalojados de inmediato.

En la vereda de enfrente, las cuarenta familias justifican su acción, señalando que el complejo habitacional estaba abandonado al momento de su ocupación y que la falta de trabajo no les dejó otra opción. «Nuestros hijos no pueden estar viviendo en la calle. Pese a que tratamos de mantener la higiene por un tema de salud, de hecho construimos un baño precario con maderas y chapas, muchos de los chicos sufren de conjuntivitis y diarrea. Nos parece absurdo que existan familias que se vean obligadas a vivir a la intemperie cuando hay viviendas que están deshabitadas», afirmó Cecilia, madre de dos niños.

Hasta el momento, según señalaron los entrevistados a este matutino, han sobrevivido con el apoyo solidario de los vecinos y comerciantes de la zona.

«Los comercios nos dan una mano y los que aún vivimos de alguna changa aportamos lo que ganamos en el día. Con los pocos pesos de nuestros ingresos formamos un fondo común para la olla popular», acota López.

Según los denunciantes, el titular de la cartera de Vivienda, Saúl Irureta, se reunió con una delegación de cinco mujeres en representación de las familias pero la propuesta del jerarca ministerial era «inaceptable».

«Lo único que nos prometió fue que podía conseguir viviendas para cuatro de las cinco compañeras que estuvieron presente en la reunión. Nuestra respuesta fue negativa. No queremos que nadie nos regale nada. Somos gente de trabajo y, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos la voluntad de ir pagando las viviendas», sostuvo Adami.

Para López una solución viable sería que «la Intendencia de Montevideo nos ceda un predio municipal y el Ministerio de Vivienda nos entregue los materiales necesarios para que podamos construir nuestras viviendas. Necesitamos una solución de fondo para todos», concluyó. *