FUS "exigió" al MSP concretar pago de las deudas laborales según estableció el decreto que creó el fideicomiso

La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) se reunió ayer con el ministro Conrado Bonilla, de Salud Pública, para «exigirle» que concrete la instrumentación del Fondo de Repago de Deudas Laborales.

«Exigimos al Ministerio que pague a los funcionarios de las mutualistas el porcentaje que les corresponde», dijo a LA REPUBLICA Jorge Bermúdez, secretario general de la FUS.

El fondo fue creado por decreto del Poder Ejecutivo el pasado 20 de enero para administrar las deudas que las mutualistas mantienen con sus funcionarios por concepto de atrasos de haberes.

No obstante, la FUS aclaró a Bonilla que no está de acuerdo con todos los puntos establecidos en el decreto del gobierno.

Además exigieron al Ministerio que se pague a los funcionarios el porcentaje del 2,13% comprendido en el incremento de la cuota mutual que autorizó el Poder Ejecutivo a comienzos de año. Bermúdez advirtió que la Federación «controlará» que el fondo fiduciario no incurra en desvíos de dineros porque «el tema ya se ha politizado».

«Controlaremos que el dinero llegue a los trabajadores como lo estableció el decreto», remarcó el dirigente sindical de los funcionarios de la salud privada. El fondo había sido creado para que las mutualistas regularizaran atrasos que en algunas empresas se arrastran desde hace meses, y en algunos casos hace años.

La forma de pago y el número de cuotas para regularizar los adeudos atrasados deberán ser negociados entre cada sindicato y su mutualista. La discrepancia de la FUS con algunos puntos del decreto presidencial radica en que el fideicomiso no impide, entre otros aspectos, que las mutualistas puedan volver a generar nuevas deudas con sus funcionarios.

Tampoco representa una solución para los funcionarios de las mutualistas que mayores adeudos generaron, porque la instrumentación del pago se dilataría en el tiempo con una cantidad ilimitada de cuotas. En algunas mutualistas la regularización de los adeudos podría llegar a insumir varios meses, o incluso años. En determinada empresa, el pago de lo adeudado podría extenderse a treinta años; en otro caso podría llegar a los sesenta, según argumentaron sus directivos.

Por lo tanto, la FUS reclamará al gobierno que las empresas cumplan con el contenido del decreto que fijó un plazo máximo de 30 años para cancelar todos los adeudos atrasados, ya sea en materia de sueldos como salarios vacacionales, aguinaldos, u otros conceptos. *