Denuncian que ALUR pagó por “error” US$ 100.000 a un proveedor cuando debía pagar $ 100.000

 

A raíz de la denuncia, Olivera dijo que citará con carácter “urgente”, ante la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes, al directorio de ANCAP a fin de tomar conocimiento directo de las circunstancias que dieron lugar a la situación “irregular”.

Añadió que también pretende conocer y analizar los procedimientos de “selección de personal que se han llevan cabo en ALUR, ante la información de que se han producido ciertas irregularidades en la forma de ingreso y la gestión de los recursos humanos”.

“La gravedad del caso, habría determinado el cese del gerente de la Planta de ALUR SA, así como de otros jerarcas de la empresa subsidiaria de ANCAP”, remarcó.

En tal sentido, consideró “imprescindible” la comparecencia de las autoridades de ALUR ante el Parlamento a fin de que puedan brindar las explicaciones del caso, “sobre todo cuando este tipo de errores se cometen con financiamiento de dineros públicos”.

Deficiencia en los controles

“La deficiencia de los controles, así como la presunta existencia de móviles políticos para la designación de personal, hacen necesario recorrer esta instancia para conocer la real situación de la empresa, sobre todo cuando se han comprobado duplicación de pagos, irregularidades en las contrataciones, manejo arbitrario de la política de recursos humanos, entre otros elementos”, expresó Olivera.

Añadió que es imperioso que las autoridades aporten datos sobre “la existencia de casos similares, indicando a cuánto ascienden los pagos irregulares, a quién se le efectuaron, qué acciones se han adoptado en tal sentido y cómo se va a obtener el reintegro de las sumas indebidamente abonadas”.

Señaló que es importante acceder a la información que permita saber con cuántos funcionarios cuenta la planta de Paysandú, cómo ingresaron, que procedimientos de selección se ha realizado y las remuneraciones.

Olivera manifestó que esta situación “pone en evidencia un claro déficit del control en el manejo y la gestión de las llamadas empresas subsidiarias del Estado, que si bien son financiadas con dineros públicos, se rigen por el derecho privado y están por fuera de los controles, como por ejemplo los que lleva adelante el Tribunal de Cuentas”.