Tiene la palabra

Con Antel

Señor Director de LA REPUBLICA

Dr. Federico Fasano Mertens

* En operativos de los que hay abundantes testigos y evidencias, Antel cortó un cable que no debía cortar, inutilizó la línea telefónica de una familia y privó a dos periodistas de una de sus más importantes herramientas de trabajo.

Todo comenzó el pasado viernes 23, cuando Antel amputó el largo cable que conecta a una casa con el sistema telefónico público. Una parte del cable quedó colgando sobre la vereda y otra apareció en las cercanías, hecha un ovillo.

Antel destruyó el cable sin previo aviso y cuando las personas afectadas no estaban en la casa.

Tampoco dejó mensaje alguno, salvo los negros despojos del largo hilo mutilado. Sólo eliminó el cable y se retiró del lugar. «Vimos que andaban en las azoteas arreglando los cables», dijeron testigos del hecho. Pero en este caso no arreglaron nada, sino todo lo contrario. Extirparon la conexión y punto.

Uno da por sentado que la expertocracia de Antel sabe que un teléfono deja de funcionar si le arrancan el cable. Por lo tanto, si hace lo que hizo es porque algo debe andar mal en la cabeza de quienes ordenaron, ejecutaron, toleraron y ampararon esa acción inconsulta, arbitraria y depredatoria.

El mismo viernes del teléfonocidio, la familia afectada formuló el reclamo correspondiente. Un funcionario recibió la queja y dijo que daría cuenta a «técnica». Alrededor de las nueve de la mañana del día siguiente, sábado 24, Antel irrumpió otra vez en la escena del crimen, puso un cable nuevo en lugar del que había arrasado y restituyó la desmantelada conexión.

Pero pocas horas después, el castigado teléfono, víctima de los efectos acumulados de la irresponsabilidad, la impericia y el abuso de poder, volvió a la mudez que Antel le había causado el viernes. La línea sigue muerta.

En la casa incomunicada por Antel vivimos dos periodistas. En nuestro caso el teléfono es sobre todo una herramienta imprescindible para el ejercicio diario de la profesión, que exige contactos frecuentes con personas de todos los departamentos del país y del exterior. Además, es habitualmente por teléfono que recibimos propuestas de trabajo. Como consecuencia, al enmuceder nuestro aparato, por razones que hasta el momento no explicó, Antel nos causa perjuicios económicos graves.

Antel ha incurrido además en una flagrante violación de sus obligaciones contractuales. Aunque la persona titular del teléfono le paga y no le debe nada, Antel no cumple con su parte del acuerdo comercial que regula el arrendamiento del servicio. Cobra pero arranca el cable, anula la línea, desbarata lo que antes ya había estropeado y no suministra el canal de comunicación que debe brindar.

Una demanda civil y otras respuestas al atentado pondrán las cosas en su lugar. Mientras tanto, el cadáver del pobre teléfono asesinado dos veces, en reiteración real, por su mamá Antel, emite un intermitente zumbido acusador.

LUCIANA POSSAMAY – C.I. 855.817-4

ETTORE PIERRI – C.I. 778.OOO-5

 

DDHH en América del Sur

Señor Director de LA REPUBLICA

Dr. Federico Fasano Mertens

* El futuro gobierno uruguayo, con muy alta probabilidad, tendrá como el de Kirchner en la orilla transplatina, una política con énfasis tanto en lo que concierne a los Derechos Humanos, por una parte, y por otro lado una voluntad de fortalecimiento del Mercosur, como instrumento no sólo de integración mercantil sino también de solidaridad latinoamericana y de resistencia implícita a previsibles atracciones hegemónicas.

Desde esta perspectiva tiene sentido pensar en la creación de una Corte Sudamericana de Derechos Humanos. La de San José de Costa Rica ha hecho un excelente trabajo. La especificación de los derechos y deberes es impecable en la Convención y la jurisprudencia elaborada estas últimas décadas en Costa Rica es muy valiosa y servirá muy especialmente para el tribunal que estas líneas proyectan.

Presenta, sin embargo, el enorme obstáculo de la formidable distancia respecto de los países sudamericanos, sumada, por otra parte, a la distancia de la Comisión Interamericana de DDHH, en la sede de la OEA, localizada junto al viejo edificio de la Unión Panamericana en Washington DC. Es fama que cuando pasan frente al mismo los funcionarios del muy próximo Departamento de Estado, suelen decir, al señalarlo «Our Colonial Office», recordando el homónimo departamento de asuntos coloniales del gobierno británico. También incidentalmente es pertinente recordar que de hecho la Comisión tiene sede en un país que no ha ratificado ni ratificará la Convención, lo cual es una indisimulable incongruencia.

De esa distancia deriva los costos significativos que supone tramitar causas ante la Comisión y sostenerlas ante la Corte. Y es digno de subrayar que el demandante en litigios de DDHH suelen ser en su vasta mayoría personas o grupos generalmente desprovistos de recursos, por lo cual aquellos costos se transforman en una forma efectiva y concreta de negación de justicia.

En lo que concierne al Mercosur es evidente la necesidad de acrecentar su institucionalidad, hasta ahora reducida a aspectos meramente mercantiles. Hay en este organismo regional un vacío jurídico. Esta materia apenas está expresada en unos arbitrajes circunstanciales que no alcanzan a crear una jurisprudencia capaz de producir una interpretación uniforme de las normas comunitarias y una técnica judicial de resolución de los conflictos de derecho suscitados entre partes y gobiernos. Más allá de la creación de un órgano jurídico comunitario como el que tiene la Unión Europea, se aprecia a mi juicio, por las razones antedichas, la conveniencia de un tribunal específico en materia de DDHH, como también tiene la Unión Europea, en la forma de la muy prestigiosa Corte de Estrasburgo.

La creación de esta Corte sudamericana de DDHH debiera instrumentarse a través de un protocolo del Mercosur. En él se destacaría que el derecho aplicable por ese tribunal sería la Convención Americana de DDHH en su Parte Primera (deberes de los estados y derechos protegidos). Al mismo tiempo, los estados miembros del Mercosur, aplicando el art. 78 de la Convención denunciarían parcialmente la misma sólo en cuanto a la parte Segunda de su texto (de los órganos competentes).

El mismo protocolo debiera delinear las características del nuevo tribunal y su sede en Montevideo, junto a los otros órganos comunitarios, establecer que los jueces sean elegidos a través de un riguroso concurso de antecedentes y regular el procedimiento.

En lo que concierne a esta consideración preliminar baste decir que no se debiera instrumentar una instancia previa como la de la actual Comisión Interamericana de DDHH sino que se debiera diseñar una competencia directa de la nueva Corte respecto de los actos judiciales de los países de la región, y asimismo respecto de las acciones relativas a hechos, actos, procedimientos presuntamente contrarios a la parte primera del Pacto de San José. Esto constituiría un gran avance en términos de celeridad e inmediatez y atenuaríamos las formas sutiles de dependencia con el hemisferio norte que la Comisión en la capital de los Estados Unidos representa.

SALVADOR MARIA LOZADA – PRESIDENTE HONORARIO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL;

PRESIDENTE DEL INSTITUTO ARGENTINO DE DESARROLLO ECONOMICO (IADE);

EX JUEZ NACIONAL;

EX PROFESOR TITULAR ORDINARIO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.

 

Negligencia en organismos públicos

Señor Director de LA REPUBLICA

Dr. Federico Fasano Mertens

* Me dirijo a usted con el fin de hacer público un hecho acontecido en una institución estatal, que a mi entender incrementa aún más la concepción generalizada de la ineficiencia de los organismos públicos. Cabe destacar que este suceso me llena de dolor ya que soy un eximio defensor de las no privatizaciones.

Los días 19 y 20 intenté comunicarme telefónicamente con la agencia Unión del Banco de la República Oriental del Uruguay marcando tres números diferentes en forma sucesiva durante un espacio superior a media hora en el turno matutino, sabiendo de antemano que el banco estaba abierto ya que se estaban realizando pagos de Asignaciones Familiares. Aunque los teléfonos sonaron en forma ininterrumpida, el encargado de recepcionar los llamados fue incapaz de cumplir con la labor a la cual está asignado, impidiéndome así evacuar una consulta.

No es precisamente el hecho de no haber recibido la información que necesitaba (que finalmente la obtuve en forma inmediata llamando a Agencia Carrasco) lo que provoca mi desilusión sino la negligencia a la que nos vemos enfrentados y sometidos por aquellos funcionarios carentes de empatía.

Atentamente

ERNESTO RAVETTA – C.I.: 3.937.534-5

 

De salarios y castas

Señor Director de LA REPUBLICA

Dr. Federico Fasano Mertens

* Se ajustan los salarios públicos en un 4% según decreto del Poder Ejecutivo, igualmente un irrisorio 2% a jubilaciones y pasividades, sumándose al aumento de combustibles, el que me apresuro a decir que se hubiera producido igual aún confirmándose la ley en el referéndum del 7 de diciembre.

Ahora bien. Me gustaría saber en qué ha quedado el planteamiento del ex ministro Atchugarry en su momento donde se proponía un ajuste de un 3% en el sector privado (carente de convenios) desde hace un buen tiempo, obviamente ignorado por el actual ministro Alfie. Por supuesto que no olvido las declaraciones del ministro de Trabajo cuando manifestó hace algún tiempo que el resto de los funcionarios no estatales debían acomodarse como melones en un supermercado, aunque ahora el mismo Del Castillo manifestara que el gobierno se abocara a mejorar salarios públicos y privados.

Para los primeros ya tenemos alguna novedad pero los eternos postergados de siempre seguiremos esperando. De más está decir que no hay que creer absolutamente nada de lo que manifiestan los secretarios de Estado de este gobierno apoyado hasta octubre de 2002 por el Partido Nacional. Una duda sí me queda. El señor presidente, ministros, legisladores, gobiernan para 250 mil funcionarios estatales, a los que se les ajustan sus retribuciones sin contar los numerosos beneficios que reciben mientras el resto de la sociedad tiene que pagar subas de impuestos, combustibles, tarifas públicas, sociedad médica (si la tiene), sin siquiera recibir un modesto ajuste en sus miserables sueldos.

Somos todos ciudadanos uruguayos o tenemos diferentes castas en este país.

Atentamente,

G. A. NUÑEZ – CI 1.896.346-8

 

Copsa no levanta pasaje en Jaureguiberry

Señor Director de LA REPUBLICA

Dr. Federico Fasano Mertens

* No es la primera vez que nos ponemos en contacto con usted por estos temas, la última fue el 29 de diciembre de 2003, para presentarle tres denuncias similares a las presentes. Nos referimos a las ya reiteradas veces que los ómnibus de esas empresas no paran (pudiendo perfectamente hacerlo) en la entrada del Balneario Jaureguiberry, en el Km 80 de la Ruta Interbalnearia.

Esta vez, en primer lugar, el sábado 17 de enero, el «servicio» que sale de Montevideo con destino Piriápolis-Punta del Este de la empresa Copsa no levantó pasaje hacia Piriápolis en la parada del Km 80.

En segundo lugar, el lunes 19 de enero, los «servicios» de la empresa Copsa que pasaron por Jaureguiberry hacia Montevideo y no pararon en el Km 80 fueron: A las 9.50 horas, ómnibus de Copsa, a las 10.00 horas ómnibus de Copsa Nº 520. A las 10.15 horas ómnibus de Copsa Nº 501.

Es de destacar que ninguno de ellos llevaba pasajeros de pie, por lo menos uno tenía asientos libres. ¿Es realmente un servicio público de transporte lo que las empresas que conforman Bus del Atlántico prestan? De acuerdo a su amable respuesta del 30 de diciembre, ¿realmente se están tomando las acciones necesarias para solucionar el problema?

¿Es posible que rápidamente no tengamos que pedir prácticamente «de favor» que sus ómnibus levanten pasaje en Jaureguiberry? ¿O tal vez será necesario que los vecinos tomemos otro tipo de medidas, a los efectos de asegurarnos el transporte?

Por ahora sólo tenemos las interrogantes, ojalá que pronto tengamos respuestas positivas.

VIVIANA LAVISTA – CI 1.849.314-4

 

Absurdo abuso de Migración en Carmelo

Señor Director de LA REPUBLICA

Dr. Federico Fasano Mertens

* El 29 de diciembre (más vale tarde que nunca la denuncia), hacia las 14 horas, ingresaban al Uruguay por Carmelo dos nietas  23 y 24 años  del que esto escribe. Cumplido el trámite y ya ingresadas legalmente al país, deciden ir al baño pues tenían por delante un largo viaje a Montevideo. Como el baño quedaba del lado que se tramita el ingreso, un atento policía les dijo que podían volver «del otro lado del mostrador» (sí, lo que separa un lado del otro es un escritorio). Y aquí viene lo insólito. El encargado de Migraciones, señor S.P., no las dejó volver al «Uruguay», las obligó a hacer la cola nuevamente y las retuvo ¡¡media hora!!, ante la protesta de otros pasajeros turistas y una discusión entre este señor y el policía. «La autoridad soy yo», dijo. ¡Cómo le gusta al ser humano hacer abuso de su poder, aunque éste sea mínimo! Creo que alguien  no sé si le corresponde a la empresa Transuruguay o las autoridades de Migración  debiera llamar a la reflexión a este señor y además, con sólo correr un poquito el escritorio, el baño quedaría del «lado uruguayo».

Saluda a usted atentamente

E.Y. – CI 388.055 8

 

Sueldos de parlamentarios

Señor Director de LA REPUBLICA

Dr. Federico Fasano Mertens

* La preocupación que manifiesto es sobre el informe –Area Contable de la Cámara de Representantes– que sacó el diario El País el martes 13 de enero, en donde nos hace saber que en los cuatro años que transcurren de la presente legislatura, 13 suplentes de diputados han cobrado $ 5.000.000 por conceptos de sueldos y aguinaldos.

Siete de los seres diputados son de nuestra casa (EP-FA). Las preguntas que me surgen son: ¿Estos señores o señoras, son conscientes del gasto que les generan al país? Si hoy que no están en el gobierno no se dedican tenazmente a la tarea que le fue asignada por el pueblo ¿lo harán mañana, o seguirán sangrando al país con sus licencias y abultando sus bolsillos familiares como es el caso de uno de los dirigentes que puso como suplente a su hijito, debiéndole pagar el Estado $ 250.729.00.

Muchas gracias por darnos la posibilidad, ante la impotencia, de expresarnos. Deseo comenzar agradeciendo la edición continua de este matutino, sabiendo de los difíciles momentos que atraviesa para poder llegar a nuestros hogares.

EDUARDO SEMINO – [email protected]