ARANA DIJO QUE LA COMUNA PUEDE CERRAR LOS COMERCIOS EN CASO DE REINCIDENCIA

Clausuran otras tres panaderías por utilizar bromato de potasio en la elaboración del pan

La Intendencia Municipal de Montevideo, conjuntamente con el Centro de Industrial Panaderos, promoverá la aprobación de una ley en el Parlamento que permita incautar la infraestructura utilizada por el sector informal que se dedica a la comercialización de productos panificados. Mientras tanto, la comuna anunció la clausura de tres nuevas panaderías luego que el análisis realizado comprobara la utilización de bromato de potasio, una sustancia cancerígena que puede llevar a la muerte por intoxicación. Por su parte ediles del Partido Colorado anunciaron su disposición a presentar denuncia penal contra los propietarios de las panaderías que utilizaron este aditivo tóxico.

Después que las autoridades municipales percibieran una fuerte presencia de bromato de potasio en el mercado uruguayo, al punto que en los últimos 7 años se produjo la importación de 26 toneladas de este producto, y tras comprobarse su afecto cancerígeno por la ingesta reiterada de pan elaborado por este adictivo, las autoridades municipales emprendieron una campaña para detectar la utilización de la sustancia prohibida desde 1993.

Fue así que el pasado 18 de diciembre se implementó un plan de muestreo especial en un centenar de panaderías de Montevideo, analizando la composición del pan ya elaborado.

El pasado 12 de enero se obtuvieron los primeros resultados de esta muestra. Luego de concluidos los trabajos de laboratorio en 14 establecimientos, se determinó que 4 panaderías utilizaron bromato de potasio para la elaboración de productos panificados. La Intendencia clausuró esos locales por 48 horas y sancionó a las empresas con 54 unidades reajustables.

Ayer, el laboratorio donde se analizaron las muestras dio nuevos resultado y se comprobó que otras tres panaderías también recurrieron al aditivo prohibido. Se trata de las panaderías ubicadas en General Muñoz 4763, Argerich 4509 y Pedro de Mendoza 4215. Estos establecimientos también serán clausurados por 48 horas y una sanción de 54 UR.

Miguel Fernández Galeano, director de Salud de la IMM, aclaró que estos resultados son de la muestra original tomada el 28 de diciembre.

El pasado lunes, el edil colorado Jar Sánchez manifestó que las sanciones impuestas por la IMM eran muy livianas respecto a la gravedad del tema, y por tanto, resolvió, junto a otros ediles colorados, radicar una denuncia penal contra las panaderías infractoras.

En el mismo sentido, el director de Salud respondió que la Intendencia se encarga de remitir todos los casos comprobados, conjuntamente con las sanciones aplicadas, a la División Jurídica de la comuna para que esta última disponga si se presenta una denuncia penal. El jerarca comentó que en este caso se puede llegar a los tribunales.

El intendente Mariano Arana comentó ayer que la comuna está dispuesta a clausurar definitivamente a las panaderías infractoras que reincidan en el uso de bromato de potasio.

No permiteremos que se ponga en riesgo la salud de la población, dijo el jefe comunal.

 

Por otra parte, el lunes pasado, el intendente Arana creó una comisión bipartita, entre la comuna y el Centro Industrial de Panaderos (CIP). Este grupo está integrado por dos representantes del Servicio de Inspección General de la IMM, dos integrantes de Regulación Alimentaria y dos miembros de la gremial de panaderos. El jerarca municipal explicó que conjuntamente con los panaderos, la Intendencia promoverá una ley que permita incautar la infraestructura que utiliza el sector informal (como la amasadora y hornos), a fin de detener el proceso.

«Allí se estaría atacando por un lado, el riesgo sanitario, y por el otro, la competencia desleal de aquellos que no pagan ningún tipo de tributo, no sólo bromatológica, sino también a la Dirección General Impositiva», afirmó Fernández Galeano.

En cuanto a la propuesta de impedir la importación del bromato de potasio, el Ejecutivo promulgó un decreto ordenando mayores exigencias para el importador, hasta tanto no se apruebe que una ordenanza, firmada por el propio presidente Batlle, prohíba definitivamente su importación.

El Ministerio de Salud Pública analiza precisamente este extremo. *

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