La Sexta República

Una 1ª República con la Constitución que rigió desde 1830 hasta 1918. Tuvo la endeblez institucional propia de la construcción gradual de la nación y del Estado. Vino luego la 2ª República con la siguiente Constitución semicolegialista que duró hasta el 31 de marzo de 1933, cuando colapsó. Fue la República del país del éxito. La 3ª República surge de la Constitución de 1942 y dio paso a la 4ª República, propia de la Constitución integralmente colegialista de 1951. En 1967 empezó a regir la Constitución presidencialista, aún vigente de la 5ª República.

A la 5ª República se le incorporó hace pocos años el balotaje. En realidad, durante los años 90 América del Sur conoció el fortalecimiento del presidencialismo mediante lo que algún autor ha llamado hiper-presidencialismo. En poco más de una década se extendieron dos instituciones en las reglas de juego de la democracia sudamericana. La reelección presidencial que conocimos aquí cerca con los segundos períodos de Menem y Cardoso y la ampliación de la legitimidad presidencialista exigiendo que el Presidente sea elegido por más de la mitad de los votantes de acuerdo con el sistema de doble vuelta o balotaje. Uruguay, sin embargo, incorporó esta última mecánica para que los partidos fundacionales pudieran detener a la minoría mayor encabezada por Tabaré Vázquez más que por las razones que le implantaron en otras realidades regionales. La reforma de marras se aprobó apenas por una diferencia bastante menor al 1%.

Como el lector habrá podido notar no contabilizamos como Repúblicas los regímenes de Latorre, de Terra o de la dictadura militar de 1973. No rigió en esos tiempos el sistema garantista que empieza por el goce de las libertades públicas y el sistema de separación de poderes. Por tanto no se trató de repúblicas.

¿Qué es la crisis de una República?

Si se toma cualquiera de los subsistemas de una democracia se verá que ellos no son más que un conjunto de reglas de juego vigentes. Un conjunto de procedimientos que se ha acordado seguir en el seno de la sociedad. Las reglas de juego deben ir acompañando, naturalmente, la evolución de las sociedades. Si no ellas quedan anacrónicas y comienzan a producir resultados diferentes a los deseables por el sistema democrático. Cuando las reglas de juego del conjunto de los subsistemas de una democracia dejan de ser eficaces ya no estamos frente a la crisis de un aspecto dado de la democracia sino frente a la crisis global de su eficiencia. La res pública, la cosa pública, la República –el sistema de derechos y garantías de los ciudadanos– misma entra en cuestión.

Si tomamos la seguridad pública, por ejemplo, cuando la gestión Gómez Folle hace más de cincuenta años, se implantó la Escuela de Policía, la Policía Técnica, la «guardia blanca» (desarmada) en las cárceles, el concepto de la «ronda» de los guardiaciviles, etcétera. Se construyó una política pública que tenía objetivos claros. Se creó entonces la Fiscalía de Policía, lo que en otros lados del mundo se llama «Asuntos Internos». Porque es claro que el contacto con el mundo del delito puede contaminar a quienes lo combaten y que por combatirlo poseen información valiosísima, conocimiento de los factores de poder, ilustración sobre las rutas de la ilegalidad, todo lo cual somete a los individuos a la tentación delictiva. Por eso es particularmente importante que la Policía esté permanentemente autovigilada.

Si usted llega a cualquier ciudad y en Asuntos Internos no encontraron nada raro en lustros, es claro que en esa Policía habrá corrupción. Pues es lo que pasa en Uruguay. Una regla de juego básica se ha deteriorado.

Si el sistema judicial ha perdido las garantías, tomando otro ejemplo, que tuvo durante más de un siglo y que surgían de que cada caso lo veían en primera instancia dos jueces diferentes y dos fiscales diferentes, un solo juez y un solo fiscal ahora –con más poder– son más pasibles de error que dos jueces y dos fiscales. Ese sólo juez es más permeable a influencias que dos jueces. Así el país está discutiendo hoy, por ejemplo, la acusación policial de que un juez –que actuó en el controvertido caso «Lissidini»– está siendo permisivo con un delincuente con quien tiene, según la Policía, «relaciones fluidas» y que no permiten aclarar dos crímenes muy graves en Colonia. Un sistema garantista de dos jueces –sistema que conoció el país durante el siglo que medió entre las dos dictaduras militares del Uruguay– no hubiese permitido esta bananera realidad.

Si vamos al campo clave de toda democracia cual es la representación política comprobaremos la existencia de un cúmulo de disfuncionalides en nuestra realidad. La gente no puede conocer a sus representantes, por ejemplo. Una buena cosa sería presentárselos. Las reglas de juego del sistema electoral determinan en Montevideo un increíble «efecto lista», esto es la vigencia de un sistema en que los representantes no son elegidos nominalmente sino a través del arrastre de su figuración en una lista electoral. En otras legislaciones la lista no es cerrada –es decir que el elector puede elegir a unos de la lista y a otros no– o no es bloqueada, esto es que se puede alterar el orden de la lista. Pero en Uruguay no. Más de la mitad de los diputados por Montevideo son elegidos del tercer lugar para abajo en sus listas, listas que además van en una hoja sábana con los candidatos al Senado. En otras legislaciones se puede cortar la lista de manera de combinar una lista de diputados con otra lista de senadores que la que viene en la misma hoja. En Uruguay pues, buena parte de la representación política no la elige la gente sino los hacedores de listas, esto es las cúpulas políticas. Las que, además, hacen jugar un sofisticado sistema de suplentes –una tercera parte del Senado está integrada por suplentes– de manera que como el elector no elige la lista por los de abajo ni por los suplentes, su decisión se distorsiona.

Por lo demás, como no hay Ley de Partidos no está garantizado el funcionamiento democrático de los partidos políticos –a diferencia del resto del mundo en Uruguay el afiliado no es el soberano partidario– y como no hay ley de financiamiento de los partidos no está asegurada la transparencia política.

La propia gobernabilidad en Uruguay atraviesa una crisis muy profunda. Las reglas de juego se adaptan a un bipartidismo que ha muerto por lo menos por algunos lustros. Se debe gobernar ahora, en medio de un multipartidismo mediante «coaliciones». En Uruguay concebimos las coaliciones como una suerte de rapiña. El socio minoritario entra al gobierno, cobra su participación en cargos y trata de inmediato de alejarse del desgaste del poder. Las coaliciones en el mundo son serias cuando se corporizan en la figura del Primer Ministro y cuando coexiste un Presidente elegido directamente por el pueblo –esto es que no se trata de un sistema parlamentario– con un Primer Ministro que representa una coalición estable (donde la rentabilidad de las fuerzas políticas está en permanecer en la coalición y no en abandonarla) el sistema se llama semipresidencialista. Uruguay debe buscar el tipo de semipresidencialismo que le convenga, que los hay, obviamente, de diferente tipo.

El deterioro de las reglas de juego alcanza naturalmente a la economía donde, por ejemplo, sólo en Uruguay se considera usura cuando es más de 300% de interés anual y aun así, todas las tarjetas de crédito superan esa cifra con el truco llamado «intereses bonificados». Un chiste.

Obviamente el sistema financiero ha vivido el
permanente deterioro de toda regla de juego, el sistema de tarifas públicas está totalmente desvirtuado y así podríamos continuar con las reglas de juego de toda la realidad uruguaya, políticas sociales, educación, etc., como el lector sabe.

El país debe cambiar globalmente sus reglas de juego y ello suele llamarse la generación de una nueva República. En el caso uruguayo se trataría de la Sexta República. Lisa y llanamente esa es la tarea. *

(*) Precandidato del Partido Colorado