Delitos contra policías, magistrados, fiscales y guardias de seguridad serán calificados como “especialmente agravados”

En el marco de la reunión multipartidaria sobre seguridad ciudadana, que encabeza el presidente de la República, Tabaré Vázquez, y participan representantes de todos los partidos políticos, se alcanzaron este martes importantes acuerdos que deberán ser refrendados por el Parlamento.

En tal sentido, el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, anunció que la rehabilitación de las personas privadas de libertad contará con una nueva institucionalidad que tendrá un formato jurídico de servicio descentralizado, por fuera de la órbita del Ministerio del Interior, por lo que pasará a depender del Ministerio de Educación y Cultura.

El acuerdo incluye analizar la diferencia entre el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la Ley y los mayores de edad,  ya que debe existir un “abordaje diferente”.

En tal sentido, resta definir si el sistema para adultos y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) funcionarán bajo la misma organización institucional.

Delitos especialmente agravados

Asimismo, se resolvió que una comisión técnica analice tratar o calificar de “especialmente grave” los delitos contra policías, magistrados, fiscales y guardias de seguridad.

También se ha propuesto incluir en la condición de “especialmente agravado” los homicidios de cualquier trabajador que en uso de sus funciones sea víctima de la violencia. Las penas serán de 15 a 30 años de penitenciaría.

Los senadores del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, Javier García y Guillermo Besozzi propusieron el aumento de las penas para el homicidio intencional a más de 24 meses para que no sea excarcelable, considerar homicidio especialmente agravado cuando es contra policías, guardias de seguridad de empresas privadas, además de aumentar el agravante al homicidio contra un trabajador en ejercicio de su función.

Desde el Partido Colorado, el diputado Germán Cardozo presentó el proyecto de Ley propuesto en la Legislatura anterior sobre rehabilitación de personas privadas de libertad.

Por su parte, el senador Pablo Mieres y el  diputado Daniel Radío, ambos del Partido Independiente, se congratularon sobre el abordaje integral a la problemática por parte de la multipartidaria, porque no se detuvieron solo en aspectos represivos.

Mientras que el diputado Eduardo Rubio de Unidad Popular se manifestó de acuerdo con “devolver” la rehabilitación de los reclusos a la órbita del Ministerio de Educación y remarcó que “la vida no tiene distinto valor” en referencia al agravamiento de las penas.

Entretanto que Edgardo Novick, del Partido de la Concertación, se refirió a  la necesidad de la “clasificación de reclusos” y la instalación de la “educación y el trabajo como una obligación para los privados de libertad”.