Gobierno exige a sociedades comerciales que presenten sus balances en formato digital

En la actualidad hay 5.000 sociedades comerciales cuya facturación anual supera las 26 millones de unidades indexadas, anunció el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri. Todas estas empresas tienen la obligación de presentar su balance en forma digital ante la Auditoría Interna de la Nación. Si no lo hacen, tendrán sanciones pecuniarias, advirtió Ferreri.

La Central de Balances Electrónica fue presentada por Ferreri y la auditora interna de la Nación, Carmen Rúa, en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas. El sistema, operativo desde el 13 de junio, permite la automatización de los procesos de registro de estados contables que incluye el registro y la compra de estados contables.

La central cumple el propósito de asegurar información financiera y promover la inversión privada, informa el portal de Presidencia, y los datos deben registrarse a través de las páginas de internet de la Auditoría Interna de la Nación o de la propia central de balance.

Esta nueva exigencia “ofrece confianza y transparencia en la calidad de la información pública, con la utilización del estándar de intercambio de información financiera XBRL para la transmisión de datos, además de proporcionar más información para su consulta. Al ser digital se reduce enormemente los tiempos y costos de cumplimiento de presentación de balance”, afirmó Ferreri.

¿Quiénes están obligados a presentar sus balances?

«La obligación de presentar los balances es para los ejercicios que fueran cerrados a partir del 13 de junio de 2016 «, explicó el subsecretario de Economía. Los sujetos que están obligados a presentar la información son las sociedades comerciales, fundaciones, asociaciones civiles, cooperativas o entidades no residentes con establecimiento permanente en el país y fideicomisos y fondos de inversión que superen la facturación de 26 millones de unidades indexadas anuales.

De todas formas, Ferreri anunció que el umbral de 26 millones de unidades indexadas se irá reduciendo de forma paulatina para que más instituciones contraigan la misma obligación.

Las empresas “tendrán un plazo de 180 días para presentar los balances a la central digital. Quienes no lo presenten tendrán sanciones pecuniarias de 2.000 a 125.000 unidades indexadas. También  la Auditoría Interna comunicará a la Dirección General Impositiva el incumplimiento para dar de baja el certificado de vigencia anual de la empresa por lo cual quedará impedida de realizar la actividad comercial hasta que regularice la situación”, dijo el jerarca.