Embajada uruguaya investigará qué cantidad de compatriotas ilegales viven en Argentina

El gobierno de Argentina anunció que pretende regularizar la situación de unos 700.000 inmigrantes ilegales de países miembros o asociados al Mercosur, quienes podrán obtener la residencia y luego la ciudadanía, tras cumplir con requisitos menos exigentes que los actuales. Hasta ahora la ley vigente viene de la época dictatorial donde se impusieron severas trabas a los extranjeros que llegaban al país con intenciones de quedarse.

El denominado «Plan Patria Grande», que se encuentra a estudio para ser aprobado por el presidente Néstor Kirchner, comenzaría a ser implementado en febrero o marzo próximos, según se informó desde Buenos Aires.

A nivel de la Dirección de Asuntos Políticos de la Embajada de Uruguay en Argentina, Laura Bogado dijo a LA REPUBLICA que se «está concretando una investigación, que es sumamente difícil en torno a este tema» para determinar el número de ilegales compatriotas que viven del otro lado del Río de la Plata. La investigación apunta a las oficinas estatales que se ocupan del tema en ambas orillas, «pero es siempre difícil encontrar formas de llegar a los inmigrantes que estuvieren en situación irregular, dado que esa misma condición les inhibe de acercarse a las oficinas consulares, que es en definitiva donde se centraría el tema».

Bogado reconoció que a nivel de la embajada «se está al tanto» de las distintas versiones circulantes sobre el tema. Recordó no obstante que «esto es todavía un proyecto del gobierno argentino: debemos esperar lo que se resuelva en concreto sobre este asunto para dar certeza a los indocumentados».

La «Patria Grande»

Argentina anunció en las últimas horas la intención de regularizar a 700 mil inmigrantes ilegales, procedentes de los países asociados o miembros del Mercosur.

Los uruguayos estaríamos entre los inmigrantes menos incidentes en la cifra global. Aunque no existen en absoluto números exactos, algunos apuntes ubican en varios miles los uruguayos en esta condición.

El proyecto del presidente Néstor Kirchner, denominado «Plan Patria Grande» permitirá obtener la residencia y luego la ciudadanía, tras cumplir con requisitos menos exigentes que los actuales.

Esta nueva política migratoria, enmarcada en la Ley de Migraciones aprobada a fines del año pasado por el Congreso y en las nuevas normas del Mercosur, regularizará también a cientos de miles de chilenos, bolivianos, brasileños, y paraguayos. Finalmente se estudia la posible inclusión de los peruanos, cuya colectividad en Argentina ha crecido vertiginosamente. Los gobernantes no descartan acuerdos especiales con Ecuador, Colombia y Venezuela, aunque este último punto está todavía sujeto a decisiones políticas.

Según datos de Migraciones, hasta 2002 había en Argentina poco más de un millón de extranjeros oriundos de Paraguay (289.960), Chile (276.811), Bolivia (219.698), Uruguay (153.970), Perú (73.512) y otro países sudamericanos (61.000).

La emigración hacia Argentina cayó radicalmente en 2001 y 2002, debido a la grave crisis económica, cuando alrededor de 74.000 personas regresaron a sus países de origen. En los últimos meses sin embargo, la reactivación económica en varias provincias fronterizas reabrió la corriente, estimaron fuentes de Migraciones argentina a LA REPUBLICA. La necesidad de mano de obra para las tareas agrícolas de cosechas, fundamentalmente, son las que reanudaron la corriente.

Detalle a futuro

El plan en ciernes establece que los inmigrantes sólo deberán acreditar ciudadanía de origen en un país limítrofe, presentar un certificado de salud y otro que demuestre que carecen de antecedentes policiales o penales, tanto en Argentina como en los demás países de la región.

Si se cumplen las condiciones, los aspirantes lograrán residencia por doce meses, prorrogable por otro año. Si luego de ese lapso acreditan tener un empleo formal, obtendrán la residencia permanente, con la cual podrá iniciar, si lo desean, el trámite de ciudadanía.

El proyecto prevé además suspender las expulsiones de ilegales hasta tanto se ponga en marcha el nuevo régimen.

La nueva Ley de Migraciones, cuyo proyecto fue presentado por el diputado socialista Rubén Giutiniani y recibió el apoyo del gobierno, entierra la llamada «Ley Videla», del dictador Jorge Rafael Videla, que impuso severas restricciones a la radicación de extranjeros.

Abogados de organismos de derechos humanos celebraron el cambio de legislación argumentando que la ley de la dictadura (1976/83) no sólo era cuestionable en su origen sino que «consideraba al inmigrante como un peligro para la seguridad nacional y el orden público» y negaba el acceso a derechos garantizados por la Constitución a todos los habitantes del país.

«La Ley negaba expresamente el acceso a derechos esenciales como educación, salud y vivienda a quienes no contaban con residencia en el país», sostienen los abogados Pablo Ceriani Cernadas y Diego Morales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Los profesionales cuestionan que la norma no hubiera sido derogada por los regímenes constitucionales de los 80 y 90 y destacan que durante la gestión de Carlos Menem (1989/99) la política discriminatoria fue profundizada por decretos del Poder Ejecutivo.

Por esos años se abrió paso un «fuerte discurso oficial que pretendía endilgar a los migrantes la responsabilidad por la precarización de las condiciones socioeconómicas de gran parte de la población, generadas por las políticas de ajuste implementadas en esa etapa», recuerdan los abogados. *