El gobierno advierte que agencias privadas de intermediación en búsqueda de empleo no deben cobrar a quien busca trabajo
El subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Nelson Loustaunau, se refirió en las últimas horas al decreto que regula la actividad de las 200 agencias privadas que intermedian en la búsqueda de empleo, las cuales no deben cobrar por el beneficio que otorgan.
Loustaunau se refirió a la reglamentación del funcionamiento de las agencias de empleo privadas que asisten a personas en su búsqueda de trabajo.
En ese marco, dijo que el gobierno promueve el trabajo “protegido, en regla y respetuoso de los derechos”.
El jerarca de gobierno expresó, en entrevista con la Secretaría de Comunicación Institucional de la Presidencia de la República, que el decreto obliga a estas empresas a “asistir a personas que buscan empleo de manera gratuita”.
“Está prohibido conseguir trabajo a cambio de dinero, esa práctica es detestable y está perseguida por el Ministerio”, remarcó el subsecretario de Estado.
Evitar prácticas discriminatorias
Otro de los aspectos que resaltó de la normativa se refiere a que busca “evitar prácticas discriminatorias en los llamados”.
“Está prohibido solicitar que los trabajadores sean de determinada raza, que no tengan afiliación sindical o, en el caso de las mujeres, que no estén embarazadas”.
Loustaunau advirtió que muchas veces dichas “prácticas discriminatorias están encubiertas en test laborales o entrevistas”.
En tal sentido, dijo que el secreto y el manejo de los datos del trabajador busca evitar barreras discriminatorias y que “no se violenten los derechos personalísimos, tales como orientación sexual, política o religiosa. Se protege el derecho a la intimidad y honor del trabajador”.
La norma regula la actividad de las agencias que trabajan al estilo clásico, con avisos en diarios, o en las nuevas modalidades a través de Internet.
“Es sustancial reglamentar el inicio de la relación laboral porque pauta cómo será el resto de la misma que, si se deja libre, puede generar discriminación en el acceso al derecho al trabajo”, indicó el jerarca.
El decreto crea un registro de agencias en el ámbito de la Dirección Nacional de Empleo donde las empresas de intermediación laboral deben inscribirse y reiterar el trámite una vez al año.
Los trabajadores podrán consultar el registro y en caso de que la agencia no esté inscripta o que se constaten incumplimientos, puede realizar la denuncia ante la Inspección General del Trabajo.
Una Comisión de Seguimiento evaluará la operatividad del decreto.
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