Cincuenta años en la lona

«Si bien tenemos agua y luz, necesitamos que se pavimenten las calles. Algunos de los pasajes son de pedregrullo y esperamos que se asfalten. Tenemos saneamiento en los frentes, pero no en otros sectores, porque hasta que no llegue la regularización no se puede hacer. La expectativa es mucha. Queremos vivir dignamente. Somos gente de trabajo, pese a que en la zona hay muchos vecinos desocupados. Todo lo hemos realizado con mucho sacrificio», manifestó Nélida Dávila, integrante de la Comisión de Vecinos del asentamiento Sebastopol.

El cambio que mejorará la calidad de vida de estos vecinos será posible a través del convenio rubricado ayer por el intendente de Montevideo, Mariano Arana, el representante del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI), Daniel Espósito, y representantes del PIAI de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Pese a los recortes impuestos por este organismo gubernamental a pesar que el dinero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) era para la regularización de barrios informales, los habitantes de Sebastopol harán, en breve, realidad sus sueños.

El convenio abarcará mejoras sustanciales a nivel de infraestructura vial, alumbrado público, saneamiento, así como la construcción de quince nuevas casas, donde se detectaron problemas de hacinamiento.

En el país hay 452 asentamientos, de los cuales 360 se encuentran ubicados en la capital, y en ellos viven más de 200 mil personas.

 

«Nos molestó el recorte destinado por el BID al PIAI»

El intendente de Montevideo, Mariano Arana, dijo ayer a LA REPUBLICA que «estuvimos reunidos con el ministro de Obras Públicas, Lucio Cáceres, el ministro de Vivienda, Saúl Irureta, y Ariel Davrieux, director de la OPP, porque quedamos alarmados por el hecho de que se cortaban las posibilidades de ingreso a nuevos estudios. Esto nos molestó, porque nosotros ya habíamos generados expectativas en los habitantes de estos barrios, con el pleno conocimiento de todas estas oficinas públicas».

El jefe comunal agregó que la IMM había invertido, al momento del recorte presupuestal, «importantes sumas de dinero para el pago de los Institutos de Asistencia Técnica, encargados de elaborar todo lo que en forma muy exigente se estaba solicitando. A eso, se le suma los gastos en recursos humanos de nuestra propia Intendencia».

Arana recordó que de la cifra original destinada por el BID para el PIAI, estimada en 110 millones dólares, se invirtió un porcentaje muy por debajo del previsto.

«Lo invertido está lejos de colmar las expectativas. También hicimos notar que se atendía de forma muy desigual la necesidades que en gran medida están concentradas en Montevideo.

Lejos de cumplirse lo que originariamente se había establecido, un 70% como mínimo para Montevideo y el resto para el interior del país, debido porcentualmente a la cantidad de asentamientos concentrados en la capital, no se ha cumplido», concluyó el intendente capitalino.

 

El costo de vivir en la ciudad

En tanto, el representante comunal frente al PIAI, Daniel Espósito, dijo que el proyecto de regularización implica obras de saneamiento interno, la construcción de las calles, instalación del alumbrado público y realojo de quince familias debido al hacinamiento constatado.

«Esto implica el loteo del barrio y la instalación de las obras de infraestructura de agua potable.

En este barrio en particular, como no hay calles, sino pasajes, tenemos que construirlos a nuevos», manifestó Espósito.

El jerarca municipal agregó que, ante la crisis económica y los costos de los alquileres, los históricamente llamados cantegriles, dieron paso a barrios irregulares con otras características.

«Es gente que ha tenido un tremendo golpe en sus ingresos y debió emigrar hacia los asentamientos. Familias de bajos ingresos que no pueden pagar el costo de la estructura formal de la ciudad.

La caída de los ingresos que ha sufrido el país, ha implicado que estas familias no puedan vivir en la estructura ciudad.

Además, hay sectores que viven en la informalidad del trabajo, subsistiendo de changas ocasionales o de la venta de artículos en las ferias. Esto conlleva a la inseguridad», manifestó Espósito. *