España cierra el cerco sobre los ilegales y convierte en «delatores» a losescribanos

Si algo caracteriza la «política» inmigratoria del gobierno del Partido Popular en España, es su falta de estudiada fundamentación ideológica y de desarrollo operativo.

Las tres reformas  en dos años  que ha sufrido la original ley de Extranjería demuestran una persistente falta de estabilidad en los criterios reguladores de la presencia de inmigrantes en España y parece demostrar que el gobierno Aznar legisla, en este caso, para hacer frente a situaciones coyunturales y precisas, al igual de lo que hace en muchos otros temas.

El carácter restrictivo del conjunto de ordenanzas y disposiciones que regulan la inmigración ha desembocado en un verdadero «acoso» a los inmigrantes «legales» o «ilegales», o sea con o sin «papeles» (léase Permisos de Residencia y de Trabajo).

Pero a esto se une  según los últimos datos  la inoperancia del «modelo» adoptado en materia inmigratoria por la Administración española  basado en el sistema de «contingente»  que no regula el necesario flujo de inmigrantes de acuerdo a las necesidades de la economía ni soluciona el grave problema de la existencia de una gran bolsa de «sin papeles», de la que, como han denunciado reiteradamente los sindicatos, recurren las empresas para lograr «mano de obra barata».

Nuevos «delatores»

Desde que el propio José María Aznar vinculara el aumento de la inseguridad ciudadana con la inmigración en una intervención en las cortes españolas (Congreso de los Diputados), dando datos y cifras falsas que fueron desmentidas luego por los sindicatos policiales, el «acoso policial» a los inmigrantes es claramente perceptible incluso en las calles madrileñas.

Toda persona de piel negra (los inmigrantes subsaharianos africanos), de aspecto árabe (los magrebíes) o incluso de cabellos rubios y ojos azules, siempre que esté pobremente vestido (los procedentes de los «países del Este») está sujeta a ser abordado por los agentes que le requieren su documentación. Si no tiene «papeles» (y es por tanto «ilegal»), la visita a la Comisaría más próxima es ineludible.

En esta «caza al sin papeles», las autoridades españolas (el Ministerio del Interior, la Policía y las Delegaciones del Gobierno) promociona la denuncia para «combatir las mafias que traen a los inmigrantes ilegales» que por cierto existen.

Así la última reforma de la Ley de Extranjería obliga a los Ayuntamientos a comunicar a las Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía y guardia Civil) los datos del padrón municipal de extranjeros y a las líneas aéreas a informar (léase denunciar) a los viajeros extranjeros que a los tres meses (duración de la estancia legal como «turista») no utilicen el pasaje de regreso.

Hay que tener en cuenta que el empadronamiento municipal da a los inmigrantes acceso a la sanidad y a la educación de los hijos por lo que todos los inmigrantes, con y sin «papeles», se empadronaban, al menos hasta ahora.

En otra «vuelta de tuerca» en el acoso al inmigrante, el Ministerio del Interior llegó a un acuerdo con el Colegio General de Notarios (los escribanos públicos) que convierte también en «delatores» a estos profesionales.

Según este acuerdo, vigente desde el pasado mes de noviembre, los notarios enviarán al Ministerio del Interior una copia de las actas de invitación para el visado de turista (en su caso) o la libre entrada a España cuando el turista proviene de un país que no necesita visado.

El acta de invitación, ficha policial

Cuando un ciudadano español o un inmigrante legalizado en España (o sea un inmigrante «legal») quiere recibir la visita de un extranjero que vive fuera de España, debe acudir a un notario para que este formalice un acta que certifique ese deseo.

El original de esa acta notarial se envía al «visitante» y  en el caso de que el turista sea natural de un país que necesita visado  será básico para su concesión. De cualquier manera el acta le será exigida al viajero, por la Policía, en la frontera española, para dejarla entrar.

En esa acta figuran todos los datos del «invitante» y todos los del «invitado». Y es precisamente una copia de esa acta  convertida en «ficha» de ambos  la que el notario enviará a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

De todos modos, esta «colaboración» del notario con la Policía es una ruptura de la confianza del cliente en la «buena fe» del profesional, que  según el propio Colegio de Notarios  es la base del ejercicio de la profesión. Pero es, además una vulneración de la ley de Protección de Datos. *