La vigencia del estado de derecha

En el curso de una investigación, un magistrado del Poder Judicial (es irrelevante el hecho de que esté actuando en calidad de suplente) dispuso la comparecencia en su juzgado de determinados ciudadanos para que prestaran testimonio. Un hecho tan banal, tan cotidiano, provocó sin embargo una tormenta política desmesurada y un conflicto de Poderes inconcebible en un estado de derecho.

Se desataron los demonios, se agitaron los viejos fantasmas adormecidos y, otra vez más, la dirigencia conservadora cerró filas para proteger a los centuriones. Se invocó, nuevamente, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, otorgando a dicha norma un carácter de «comodín» válido para evitar a toda costa la irritación de los uniformados; se lanzaron anatemas contra el juez; se pusieron a funcionar las neuronas leguleyas para idear todos los recursos, chicanas y manganetas jurídicas tendientes a dejar sin efecto la decisión judicial en una carrera contrarreloj.

Curiosamente, no exhibieron la misma premura ni se los vio tan alarmados cuando Blanco fue procesado. ¿Por qué será? ¿Será porque el ex canciller no se refugió en una unidad militar? ¿Será porque su condición de «pichi» le quita peligrosidad?

Está claro que los jueces –como cualquier cristiano– pueden equivocarse. Pero justamente previendo esa humana falibilidad es que se han creado los mecanismos procesales adecuados para apelar las decisiones ante un tribunal superior. Todos debemos acatar las resoluciones de la Justicia aunque estemos en total desacuerdo con ellas; porque ¿qué estado de derecho sería aquel en el que los ciudadanos pueden no cumplir las decisiones de un juez si consideran que éstas son incorrectas?

En fin, todo ese cúmulo de presiones para hacer retroceder al juez fue minimizado por los voceros del gobierno, quienes negaron enfáticamente que se hubiera ejercido presión alguna. Según el diccionario, en sentido figurado el sustantivo presión significa: «Fuerza o coacción que se hace sobre una persona o colectividad». (Están también la presión sanguínea, la fiscal, la atmosférica, la social, etcétera, sin olvidar la olla a presión o los grupos de presión; pero de eso no me ocuparé por el momento). Y del verbo presionar, nos dice el mataburros: «Ejercer presión sobre alguna persona o cosa». ¿No fue eso, precisamente, lo que hizo el gobierno sobre el juez y sobre el Poder Judicial?

Por supuesto (de más está aclararlo) que nadie fue con un revólver a exigir a Recarey que dejara sin efecto la convocatoria a declarar como testigos a algunos militares. No me imagino al profesor Yamandú Fau, un hombre de derecho (de derecha también, pero eso no viene al caso), apoyando el caño de una pistola en la nuca del magistrado para hacerlo desistir de su investigación; sería una actitud gangsteril ajena al comportamiento y a la trayectoria del pulcro ministro de Defensa. No creo que el doctor Ramela haya liderado una patota de patanes que, con argumentos tan convincentes como una buena piña americana, le hicieran dar marcha atrás. Tampoco es de suponer que una voz en el teléfono le haya aconsejado dejarse de joder y de escarbar en el Batallón 13 so riesgo de su propia integridad física y la de su familia; alcanza con las amenazas recibidas y denunciadas por el abogado Chargoñia. Menos puedo imaginar al presidente de la SCJ convocando al juez suplente a su despacho para decirle que si no suspende las investigaciones, será destituido.

Todas éstas son hipótesis descabelladas, desde luego: son formas de presión demasiado groseras, y a ellas se refería sin duda el ministro Fau cuando negó categóricamente –casi como ofendido– que el Ejecutivo hubiera ejercido alguna forma de presión sobre el juez o sobre el Poder Judicial; ¡Dios nos libre!

Sin embargo, hay otras formas más sutiles, aunque no por ello menos eficaces, de ejercer presión. Declaraciones públicas, gestiones y actitudes que operan claramente en el sentido de influir –de coaccionar, en definitiva– para torcer la decisión de un funcionario del Poder Judicial.

No es censurable que los ciudadanos emitan su opinión adversa respecto de un fallo o una resolución judicial; todos tenemos derecho de expresar nuestra disidencia sobre los asuntos públicos. Pero «una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa», como con acierto respondió Aristóteles cuando Kierkegaard enunció su célebre frase: «y… es como todo». Una cosa es discrepar con una decisión judicial –y hacer pública tal discrepancia– y muy otra cosa es toda la alharaca, mezcla de ira, de argumentos seudojurídicos, de amenazas alarmistas de quiebre institucional, de cuestionamientos al magistrado por sus antecedentes y de chicanas impresentables para evitar a toda costa la comparecencia, en sede judicial en carácter de testigos, de ciertos militares.

Por eso lo del título. Porque un pequeño cambio de género resume la realidad del país. *

 

*Periodista