Justicia española falla a favor de uruguayos, abriendo el camino a emigrantes "sin papeles"

Una jueza española falló, reconociendo antiguos pero vigentes convenios bilaterales, en favor de emigrantes uruguayos, abriendo así un antecedente que podría beneficiar a miles de compatriotas y ciudadanos emigrantes de otras nacionalidades.

La decisión de la jueza de Alicante, Teresa Serra, en favor de dos emigrantes uruguayos, que reclamaban permisos de residencia y trabajo invocando convenios del siglo XIX, abre perspectivas inéditas para centenares de miles de «sin papeles», entre ellos miles de uruguayos.

Los compatriotas Damian Drews y Angélica Rodríguez, con el asesoramiento y apoyo directo de Comisiones Obreras, habían demandado al Estado español, ante Cortes de Valencia, en tanto no podían obtener trabajo debido a las leyes de extranjería. Drews, diseñador gráfico, y Rodríguez, empresaria, carecían de las condiciones y documentos que exige actualmente la madre patria, con lo que impide a miles de uruguayos encontrar refugio económico en el país. La situación de nuestros compatriotas llegó a un punto tal, que recurrieron al responsable de Inmigración para la Comarca de Alicante, de Comisiones Obreras. José María Ruiz orientó a los uruguayos que exigieron ante la Corte, el cumplimiento de antiguos, pero vigentes convenios bilaterales hispano-uruguayos. Los convenios, que datan de 1870, reconocen para los ciudadanos de ambas naciones el derecho de emigrar y residir. Durante más de un siglo, el convenio ha beneficiado a decenas de miles de españoles, que con el tiempo se integraron casi definitivamente en el entramado social nativo. No obstante, los uruguayos que posteriormente a la dictadura, buscaron mejores horizontes en España, tuvieron peor suerte. La situación empeoró, con la ola migratoria de miles de argentinos y uruguayos en estos dos últimos años, debido al despeñadero de la crisis. Para colmo, mientras sucesivos gobiernos españoles socialistas se mostraron tolerantes con la inmigración hispanoamericana, el actual de derecha, encabezado por José María Aznar, ha puesto especial énfasis en las leyes de extranjería, castigando duramente a los emigrantes que en muchos casos debieron irse.

El fallo de la jueza Serra establece específicamente que aquellos uruguayos que presenten una oferta de trabajo podrán pedir la legalización de su situación en España. Ello venía siendo impedido, en tanto la legislación de extranjería última, exige que los trámites de aceptación de cualquier oferta laboral deben hacerse desde el país de origen, antes de viajar.

En el caso de los compatriotas, mientras Rodríguez ha encontrado serias trabas para desarrollar su actividad empresarial, Drews había sido despedido de su trabajo, ante una inspección de rutina del gobierno, que le detectó «sin papeles». Ambos concurrieron a la sede sindical, que elevó los casos a la Justicia.

Consecuencias inmediatas

El antecedente establecido por la jueza Serra, se suma a fallos similares emitidos en otras provincias españolas pero cuya data (la mayoría tiene más de cuatro años), le ha restado «fuerza» ante la multiplicación exponencial de los emigrados.

Colegas del matutino «La Información» de Alicante, confirmaron a LA REPUBLICA, la importancia que la relativamente nutrida colectividad uruguaya atribuyó al fallo. La periodista Africa Pardo, a cargo de la información, señaló no obstante que «los más alterados están siendo los argentinos: ellos aseguran que los mismos acuerdos bilateriales que benefician a los uruguayos, los benefician también a ellos».

Agregó que los uruguayos, ahora autorizados a trabajar, habían cumplido con la tramitación que se les había exigido, pero aun así, «se les había negado el permiso de trabajo».

Fuentes de la Casa Argentina en Madrid confirmaron el entusiasmo por estos fallos. «Esta decisión anticipa una avalancha de juicios de argentinos, y seguramente de uruguayos también, en reclamo de su regularización. La sentencia de la jueza de Alicante ratifica lo que venimos reclamando todos los rioplatenses que aquí vivimos, desde hace mucho tiempo: que se reconozca el derecho que tenemos de permanecer y trabajar legalmente en España. Es buen momento que tengamos aquí los mismos derechos, que ellos han tenido allá», sentenció Enrique Borcell, presidente de la institución.

En Montevideo, entretanto, al cierre de esta edición, fuentes del Consulado General de España guardaban hermetismo en torno al tema.

Gros: «Convenio está vigente»

Para el el docente en Derecho Constitucional, Derecho Internacional y Derechos Humanos, de la Universidad de la República, Héctor Gros Espiell, «el Tratado de Reconocimiento de la Independencia firmado y ratificado por ambos países en 1870, establece que los ciudadanos de ambos pueblos, pueden trabajar y desarrollar actividades lucrativas libremente, tanto en Uruguay como en España».

Explicó el ex canciller que, en tanto dicho convenio, se efectuaron sucesivas sentencias en beneficio casi todas de los reclamantes. Pero a partir del Tratado de Amistad y Cooperación, firmado por ambos países en 1999, la administración española comenzó a aplicar una literal derogación de la anterior norma.

«Y eso se hace aun cuando en el Tratado no se hace ninguna mención, no se dice absolutamente nada del tema. He conversado con autoridades españolas sobre el punto y me dicen que consideran revocado lo que se acordó en 1870. Para mí esa postura es un absoluto disparate», sentenció el catedrático. Recordó paralelamente que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, sus correligionarios, Garat y Trobo, han exigido el pleno cumplimiento por parte de los españoles del convenio de 1870.

«Yo mismo realicé un informe hace unos tres meses sobre este particular, en el que ratifiqué la plena vigencia de la normativa del Tratado firmado en primera instancia», concluyó. *