Senado vota este martes investigadora sobre gestión en Ancap

Según consigna el diario El País, el único antecedente registrado data de 2005, en el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez, en que se investigó a toda la administración central entre 2000 y 2005, el último gobierno colorado.

El Frente Amplio insiste en que se habilita la formación de la comisión investigadora «aunque no hay irregularidad ni ilicitud alguna», según volvió a subrayar anoche el senador Ernesto Agazzi (MPP) luego de la reunión de bancada del oficialismo.

Agazzi adelantó que el Frente Amplio pretende una integración «reducida», es decir de cinco integrantes, donde el FA tenga tres miembros, y blancos y colorados uno cada uno. El Partido Nacional adelantó que pretende que la comisión se forme con siete miembros, cuatro del Frente, dos del Partido Nacional y uno del Partido Colorado. En este esquema quedará sin participar el Partido Independiente, que ahora ocupa una banca en el Senado.

El líder de esta fuerza política, Pablo Mieres, dijo a El País que pretende que la integración sea de nueve miembros, cinco del Frente, dos blancos, un colorado y uno por su fuerza política. De todas formas, el Frente conservaría su mayoría por cinco votos a cuatro.

Hasta primera quincena de diciembre

La idea del FA es que la investigadora tenga un plazo de 120 días a contar desde su primera sesión, que será en los próximos días, por lo que terminaría su gestión en la primera quincena de diciembre.

Según dijo Agazzi a El País, el Frente quiere investigar decisiones tomadas en Ancap entre los años 2000 y 2005, porque considera que dejaron «secuelas» a las administraciones de la izquierda.

Las doce carpetas con denuncias presentadas por el Partido Nacional tienen varios aspectos. Uno es la situación económico financiera de Ancap. En 2014 perdió US$ 324,1 millones y en 2013 US$ 169 millones.También está el deterio- ro patrimonial que pasó de US$ 460 millones en 2005, a US$ 1.019 millones en 2009, y a US$ 432 en 2014.

En cuanto al endeudamiento, las denuncias señalan que se multiplicó por 6,5 entre 2005 y 2014.