La sorpresiva medida no fue comunicada a la comisión mediadora por el ministro Bonilla

El Ministerio del Interior envió a Coraceros y Granaderos para evitar nuevas ocupaciones

Alrededor de las 23.30 horas, un equipo de choque completo de la Guardia de Coraceros  integrado por un camión blindado y al menos una decena de efectivos  fue desplegado en la parte trasera del Instituto de Oncología. A la misma hora, otro equipo, pero de la Guardia de Granaderos, se posicionó afuera del ex Hospital Filtro.

La orden también consistió en el reforzamiento del Servicio 222, que se hizo cargo de los accesos en ambos hospitales. En Maldonado también fue dispuesto un operativo de vigilancia, con varias camionetas policiales en las afueras del hospital, según se informó a LA REPUBLICA.

El despliegue se efectuó en orden y en presencia de varios dirigentes del sindicato de Funcionarios de la Salud Pública, entre ellos, Alberto Silva y Beatriz Fajián, y el dirigente del PIT-CNT Jorge Castro, quienes protestaron por la medida. La doctora Miriam Vilar, integrante de la Comisión interna de Funcionarios de Oncología, aseguró que el operativo policial resultó pernicioso e inquietó a los 33 pacientes oncológicos que allí se atienden. El responsable del operativo en Oncología, Luis Mendoza, 2º Jefe del cuerpo, se constituyó en el lugar y comunicó a los sindicalistas, que se apiñaron en el portón de acceso al hospital, que no existía «orden de desalojo». Después de varios minutos de parlamento, Mendoza autorizó el ingreso al hospital de Silva y Fajián y de las integrantes de la Comisión Vilar y Adriana Mendoza, ésta última también médica y Jefa de la Policlínica del Instituto de Oncología quien exhibió su último recibo de sueldo: 1.311,48 pesos líquidos.

En diálogo con LA REPUBLICA, el oficial, vestido de particular, dijo que se trata de una medida de prevención y mantenimiento del orden y que los Coraceros permanecerán en el lugar «hasta nueva orden». Mendoza dijo desconocer si operativos similares se llevarían a cabo en otros hospitales. «No hay orden de desalojar» repitió.

Para el PIT-CNT, se trata de una medida «que no tiene otra explicación que intimidar», según el dirigente del PIT-CNT Juan Castillo. El sindicalista procuró sin éxito, varias veces, comunicarse  vía celular  con los ministros del Interior Guillermo Stirling, con el ministro de Trabajo Santiago Pérez del Castillo y el propio ministro de Salud Pública Conrado Bonilla.

La Comisión mediadora en el conflicto de Salud Pública, había estado reunida poco antes con Bonilla, y le había entregado una propuesta para resolver el conflicto en una reunión que se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Salud Pública y que culminó alrededor de las 23.00 horas. «En ningún momento, el ministro comunicó que se iban a realizar estos operativos», indicó Castillo.

Recién en la madrugada de hoy domingo, Castillo, recibió una llamada en su celular del inspector Balbis, en ese momento a cargo de la Jefatura de Montevideo. El sindicalista exigió una respuesta oficial sobre la medida.

El oficial comunicó que la orden no había sido impartida por la Jefatura de Policía de Montevideo, pero que se estaba en conocimiento de la misma. También transmitió que se trata de un operativo «precautorio» y que el objetivo de la medida era «evitar nuevas ocupaciones». *

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