Guatemala: la amenaza del retroceso

Lo que hemos presenciado en Guatemala desde enero de 2000, cuando asumió el gobierno el presidente Alfonso Portillo, es la manifestación de cómo se corrompe una democracia, a causa del nepotismo, el abuso de poder, la debilidad institucional, la intimidación en contra de las voces opositoras y la impunidad.

La coronación de ese proyecto de copar el Estado ha sido la reciente sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país, de declarar legal la candidatura presidencial del ex golpista Efraín Ríos Montt, que detentó el poder entre 1982 y 1983. Hasta ahora, la CC era la última reserva moral y legal de Guatemala. No hay que olvidar que la CC detuvo el siniestro plan del ex presidente Jorge Serrano Elías en 1993 de gestar un autogolpe a la manera de Alberto Fujimori, actual prófugo de la Justicia, en Perú.

En dos ocasiones anteriores, en 1990 y 1995, la CC había desestimado la nominación del genocida Ríos Montt, puesto que el artículo 186 de la Carta Magna le impide optar a la primera magistratura del país. Se trataba, pues, de un tema jurídico, al cual se le dio ese tratamiento.

Sin embargo, gracias a la influencia del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el partido gobernante, la CC ha manejado el expediente de una manera política y ha emitido un fallo que riñe con los principios jurídicos básicos de cualquier nación, al violar las leyes de Guatemala. La resolución coloca en grave riesgo la estabilidad política, institucional y jurídica de Guatemala, demuestra que existen poderes capaces de orientar la institucionalidad hacia senderos oscuros y significa un duro golpe a los principios de legalidad, seguridad jurídica y certeza, ya que los pone al servicio de intereses político partidistas.

Además, lo más grave dentro del nuevo capítulo de la crisis permanente que vive Guatemala es la extensión, el fortalecimiento y el arraigo de las estructuras clandestinas de poder que, aliadas entre sí, mantienen secuestrado el aparato del Estado y lo ponen al servicio de sus productivas actividades criminales. Por ello, los guatemaltecos, con el apoyo de la comunidad internacional, debemos promover la unidad, como el mecanismo adecuado para rescatar el Estado de Derecho, fortalecer la institucionalidad, para que ésta sirva de garante de la democracia, y retomar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz firmados en enero de 1996 para poner fin a 36 años de guerra civil, los cuales han quedado relegados al olvido.

Los gobiernos y organizaciones amigos del pueblo guatemalteco deben, desde ya, monitorear el desarrollo del proceso electoral que desembocará en las urnas el 9 de noviembre próximo y, de producirse una segunda vuelta, el 28 de diciembre. La amenaza de un fraude para extender el proyecto político del partido en el gobierno tiene bases reales, como lo son la manipulación del padrón electoral, la compra de votos, el uso de los miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil como fuerza electoral, el empleo de recursos públicos y la intimidación en contra de la ciudadanía para que se abstenga de emitir su sufragio.

La única forma de garantizar unas elecciones transparentes y libres es por medio de una estricta vigilancia, para que los guatemaltecos votemos sin presiones ni presas del miedo.

La responsabilidad de los hechos violentos del 24 y 25 de julio, cuando turbas armadas al servicio de Ríos Montt agredieron a periodistas independientes, recae directamente en el gobierno y su partido; además, constituyen una demostración clara de a qué extremos pueden llegar con tal de lograr sus objetivos. Es inconcebible que el general Ríos Montt compita por la presidencia, cuando debiera estar entre rejas, juzgado por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno de facto.

Internamente, la sociedad guatemalteca organizada ha dado muestras de su alto espíritu cívico y democrático, como lo plasma la formación del Frente Cívico por la Democracia, que agrupa a unas 50 organizaciones. Su objetivo es muy claro: el rescate y fortalecimiento del Estado de Derecho. De esa forma, se podrá alcanzar la reivindicación de las instituciones, contaminadas por la injerencia del FRG. Sólo mediante un diálogo nacional en función de un proyecto de Nación, los guatemaltecos podremos continuar con el camino hacia una democracia real, sin exclusiones, sin marginaciones y con justicia y equidad. *

(*) Rigoberta Menchú,Premio Nobel de la Paz 1992.

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