Judiciales anunciaron nuevas medidas de lucha desde el 21 de mayo

A todo esto el 3 de junio se realizará una marcha nacional con la intención de volver a hacer público su reclamo salarial.

La paralización «no es responsabilidad de los gremios sino el incumplimiento del Poder Ejecutivo», dijo al diario El Pais el representante del gremio Luis Kelis.

El martes, una delegación de la Asociación de Funcionarios Judiciales se reunió con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, para intentar llegar a una salida al conflicto que ya lleva más de cuatro años y cinco meses de medidas distorsivas.

Según Kelis, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, propuso ayer a la Asociación de Funcionarios Judiciales una «salida consensuada» al conflicto. Según el sindicalista, tanto Murro como el subsecretario Julio Baráibar coincidieron en que es necesario llegar a una solución del conflicto que no implique una imposición legislativa susceptible de ser impugnada.

Cabe consignar que cuando el Poder Ejecutivo aumentó los sueldos a los ministros de Estado en 2010, de forma indirecta provocó un incremento en los sueldos de los ministros de la Suprema Corte (que están equiparados) y el resto de sus trabajadores. Como los salarios de jueces y funcionarios del Poder Judicial se basan en el incremento de los ministros de la Corte, el gobierno quiso impedir el aumento a través de  leyes que fueron declaradas inconstitucionales o para las que se presentaron recursos de inconstitucionalidad.

Desde entonces, los judiciales llevan a cabo un largo conflicto a la espera de una propuesta del gobierno.

Ayer hubo una nueva asamblea de los judiciales, que resolvieron «mantener en todos sus términos el conflicto y ratificar la estrategia jurídica que pretende tutelar la intangibilidad de nuestro salario».

Voluntad

Los judiciales expresaron su «voluntad de alcanzar acuerdos que permitan normalizar la actividad judicial, manifestando que la distorsión a los usuarios del servicio de justicia no es responsabilidad de los gremios y sus medidas, sino de los reiterados incumplimientos del anterior Poder Ejecutivo», según Montevideo Portal.

También establecieron la formalización de «un ámbito de negociación permanente con el -Poder Ejecutivo que ayude a la construcción de una salida al conflicto».

Continúan reclamando por la derogación de la Ley 19310 aprobada en diciembre del 2014.