Nuestro país criticó ante Naciones Unidas pena de muerte en casos vinculados a drogas

El jerarca participó de una nueva sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas en una mesa de alto nivel que debatió la problemática mundial de las drogas.  La reunión se realizó en Nueva York con la participación de representantes de 193 países.

Durante su intervención, relató el proceso desarrollado en nuestro país para regular los mercados de drogas, desde una óptica de reducción de daños; y condenó la pena de muerte y el fusilamiento de ocho personas por delitos vinculados con drogas ocurrido la semana pasada en Indonesia. “Aparte de la violación al derecho a la vida y el sufrimiento causado a sus familias: ¿cuál es la evidencia sobre la eficacia de esta medida? La falta de proporcionalidad de aplicación de la ley penal profundiza la violencia, no revierte nada y agrega daños”, alertó Romani.

“No existe evidencia científica que compruebe que la pena de muerte colabore en parar el fenómeno de drogas”, insistió.

En diálogo telefónico con la Secretaria de Comunicación de Presidencia de la República, desde Nueva York, confirmó que fueron muchos los países que se pronunciaron a favor de descriminalizar el consumo personal de drogas. ”En el debate internacional avanzan las penas alternativas en tráficos menores, la proporcionalidad de la aplicación de la ley penal y la integración de la temática a los elementos de derechos humanos”, apuntó.

Durante su discurso, también resaltó la necesidad de asumir un enfoque “realista” de la estrategia y plan de acción internacional que acepte el principio de unidad ante la diversidad; el seguimiento compartido de experiencias y enfoques que contribuyan a innovaciones sujetas a derecho y salud y a garantizar el derecho a la asistencia sanitaria, tratamiento, rehabilitación y reinserción social.

Advirtió también que la regulación de mercados de sustancias de circulación lícita, cuya incorporación al régimen de fiscalización de drogas es impensable, brinda una experiencia de suma importancia, además de contribuir con la salud y el bienestar. Por ello, planteó la necesidad de incluir la perspectiva del desarrollo humano en las políticas de drogas, así como promover la reducción de daño social e implementar políticas de inclusión social, de justicia distributiva y de dignificación de la vida humana.
“Hemos insistido en promover la apertura de un debate amplio y fecundo sobre el modelo actual que en la región y el mundo ha sido conocido como ‘guerra contra las drogas'; y hemos defendido en la última década como miembros de Comisión de Estupefacientes un enfoque de derechos. Hoy estamos en plena acción de reflexión crítica y realista de la estrategia y el plan de acción”, alertó.

Uso medicinal de las drogas

En este marco, reiteró la necesidad de estudiar la creación de un grupo especial de expertos independientes, en coordinación con otras agencias de Naciones Unidas y con participación de la sociedad civil, para garantizar el uso medicinal de las drogas universalmente y también abogó por recuperar los fines y objetivos últimos de las convenciones; la salud y el bienestar de la humanidad.

«El reto en cooperación internacional —dijo— es el principio de unidad de acción en la diversidad». “Las políticas de drogas nacen a partir de decisiones soberanas que emanan de la cultura, la tradición, usos y costumbres, fortalezas institucionales y prácticas sociales bien diferentes. La cooperación para combatir el crimen organizado, la corrupción y el tráfico ilícito son indispensables. La responsabilidad común y compartida debe respetar además, niveles de diferenciación para ser equitativos en la distribución de lo que es común y de lo que es compartido”, sostuvo Romani.

El funcionario aseguró que la comunidad internacional recibió con interés el relato de la experiencia uruguaya de regular los mercados de drogas. En el caso de la normativa que regula el mercado del cannabis, subrayó que no se pretende promover el consumo, sino lograr que haya un espacio de consumo seguro, en el cual el Estado evita que los consumidores acudan al mercado ilícito, y de esta manera reducir los daños.

“Uruguay ha tomado una decisión soberana en base a los preceptos constitucionales, el ordenamiento jurídico y la coherencia de avanzar en la óptica de regulación de mercados. Estamos cumpliendo con los objetivos de salud y bienestar de los uruguayos, preservando derechos y disputando el mercado ilícito al narcotráfico, protegiendo a los usuarios del contacto con ese mercado y preservando su seguridad”,  aseveró.