Las mentiras flagrantes de la Sociedad Interamericana de Prensa

El presidente de esa organización de propietarios de empresas mediáticas –que se presume guardiana de la libertad de prensa en el continente– acusó al canciller venezolano de decir mentiras flagrantes en sus declaraciones, haciendo propicia la oportunidad para debatir sobre la rigurosidad del ejercicio periodístico en el continente y, específicamente, en lo referente a su papel en la desestabilización de la democracia venezolana.

La primera falacia de la SIP es la de afirmar que el Gobierno Bolivariano es blanco de la crítica y la condena de prácticamente todas las organizaciones de defensa de la libertad de prensa y de derechos humanos del continente y del mundo. Al respecto, es notorio que se pretenda reducir el universo de los medios de comunicación e información en las organizaciones cupulares de propietarios de medios, cuando la realidad muestra una creciente complejización y diversificación de las comunicaciones, al surgir cientos de medios de comunicación alternativos y comunitarios en el continente –los cuales son sistemáticamente perseguidos en algunos países con la anuencia de la SIP y de otros organismos internacionales defensores de la libertad de prensa.

Resulta curioso el señalamiento sobre supuestas condenas por violaciones a los derechos humanos, proveniente nada menos de quienes avalaron por acción u omisión a las dictaduras militares y civiles más cruentas de las últimas décadas en América Latina y el Caribe.

El discurso sobre las supuestas constantes amenazas a la libertad de expresión en Venezuela obvia el hecho práctico de que en este país jamás ha existido libertad de expresión plena, y que durante gobiernos anteriores al Gobierno Bolivariano se ejercieron presiones indebidas y se persiguió a un número considerable de periodistas –algunos ofrendaron sus vidas– para evitar que se informara a la población sobre los desmanes de esos gobiernos, o para evitar que avanzara la organización sindical y/o gremial de las y los comunicadores sociales no comprometidos con los intereses de los propietarios de medios ni de los gobiernos de turno.

Algún gobierno llegó al extremo de ordenar que se recogieran todos los ejemplares de un diario, justo antes de su distribución en las calles, al no haber podido aplicar la censura con la antelación requerida. ¿Dónde estaban la SIP y demás organismos internacionales para defender el derecho a la libertad de expresión, a la información y a la comunicación libre y plural del pueblo venezolano?

Se trata de hechos constatables: ha sido el Gobierno Bolivariano el más sistemáticamente atacado por los medios informativos privados en toda la historia venezolana; al ciudadano Presidente Hugo Chávez se le presenta a diario como tirano, dictador, comunista, terrorista, asesino, se dice que padece de insanidad mental, se ofende a sus familiares, se denigra de su origen mestizo y campesino, se le acusa de esconder armas de destrucción masiva en las afueras de Caracas o de haber secuestrado a la primera dama, en fin… En cuanto a la base de apoyo social del proceso bolivariano se les presenta como patas en el suelo, desdentados, chusma, mal vivientes, delincuentes, salvajes, hordas, ignorantes, violentos. Asimismo, se hacen las más graves acusaciones sobre la acción gubernamental al fabricar historias inverosímiles, todo ello sin prueba alguna, sin verificar fuentes, sin determinar la veracidad de lo difundido.

La paradoja consiste en que ha sido precisamente el Gobierno Bolivariano el único gobierno que en medio siglo de democracia representativa no ha clausurado ningún medio de difusión masiva ni censurado sus mensajes. De hecho, los únicos medios de comunicación e información perseguidos o clausurados durante el actual período gubernamental han sido los públicos y comunitarios durante las 47 horas de dictadura carmonista del pasado año y la más reciente hazaña del alcalde metropolitano de Caracas, el periodista Alfredo Peña –vinculado a una de las más grandes corporaciones mediáticas hemisféricas–, quien procedió a clausurar un importante medio televisivo comunitario del oeste de Caracas, Catia TV –con personalidad jurídica y plena autorización para funcionar–, de manera arbitraria e ilegal, para luego excusarse con sucesivos argumentos contradictorios. Veamos: su primer argumento fue el de justificar tal acción para proteger los equipos (no aclaró de qué amenaza ni indicó quiénes solicitaron tal protección). Luego argumentó que un alcalde de Roma había cerrado una emisora de la Santa Sede y que eso le daba legitimidad a su decisión de clausurar un medio televisivo en un barrio de Caracas. El tercer argumento fue el de culpar a un funcionario público bajo sus órdenes, diciendo que éste había ejecutado la acción de cerrar el canal televisivo sin haberle consultado. Como puede apreciarse, se trata de un caso que requiere de ser investigado por los organismos competentes nacionales e internacionales. Sin embargo, la SIP guarda silencio.

Es evidente que la SIP avala tales distorsiones del quehacer periodístico. Ejemplo de ello es la utilización del término turba, utilizado en la mencionada carta pública dirigida a un diario montevideano, para referirse a las personas que en Venezuela han ejercido su derecho a la protesta cívica en las calles contra unos medios que les desprecian y les someten a la práctica cotidiana de la desinformación y la tergiversación informativa. A propósito de ello, la SIP aún no se pronuncia por los sucesivos asaltos perpetrados por exaltados grupos opositores contra medios de comunicación del Estado y comunitarios en Venezuela, con un balance de destrucción de instalaciones y equipos y de trabajadores y trabajadoras heridos.

Uno de los más palpables ejemplos de ejercicio de la protesta cívica por la violación del derecho a la libertad de expresión y de información, fue la respuesta popular al silencio cómplice de los medios televisivos durante los acontecimientos posteriores al sangriento golpe de Estado perpetrado por los grupos oligárquicos opositores en abril del pasado año, cuando el pueblo acudió masivamente a las sedes de dichas empresas mediáticas a exigir que se dijera la verdad de lo que acontecía en las calles, después de haberse constatado el absoluto silencio al cual éstas sometieron al país. La excusa expuesta por dichos medios para explicar lo inexplicable –ya que se trató de un hecho público y notorio– no pudo ser más vil: los medios no pudieron cumplir con su deber de difundir los acontecimientos porque el pueblo no los dejó salir a las calles a recoger las informaciones. Semejante afirmación no requiere de mayor análisis.

Las persecuciones, los allanamientos sin orden judicial, las decenas de personas ajusticiadas en el transcurso de horas, los asaltos a instituciones públicas y a medios de comunicación comunitarios, la represión en las calles, fueron hechos no difundidos por los defensores de la libertad de expresión, como tampoco fue difundida la respuesta colectiva de millones de venezolanas y venezolanos en esas mismas calles, defendiendo el derecho a vivir en libertad y en democracia.

La segunda falacia de tan lamentable respuesta de la SIP a las críticas del Gobierno Bolivariano se refieren al proyecto de Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, mediante el cual la Asamblea Nacional procura regular la actividad de los servicios masivos de radio y televisión en un marco de absoluto respeto a la ética profesional y la libertad de expresión y de información, en consonancia con los instrumentos jurídicos internacionales y con el postulado constitucional de establecer en Venezuela un Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia, en el cual se inculque el principio de la cor
responsabilidad como fundamental para el ejercicio de una democracia efectiva. Al respecto, obvian la SIP y sus amigos que en la mayor parte de los países del llamado primer mundo, entre ellos Estados Unidos, Francia, España, Alemania, Reino Unido y otros países muy admirados por la oposición venezolana, razones de interés público han determinado el desarrollo de mecanismos jurídicos y políticos para cumplir con tales fines regulatorios del desempeño de los servicios divulgativos de informaciones.

En el caso venezolano sólo se cuenta con arcaicos instrumentos jurídicos fundamentados en la antigua Ley de Telecomunicaciones de 1940, haciendo del país un caso curioso de omisión legislativa en la materia. Esto no es casual, ya que poderosos intereses corporativos impidieron mediante todo tipo de presiones y componendas cualquier intento del Estado por cumplir con su deber de actualización jurídica, legislando y regulando tales actividades.

Las grandes corporaciones mediáticas y sus organismos internacionales pueden escoger entre dos opciones: abocarse a una revisión a fondo de su papel institucional en función de coadyuvar en la construcción de sociedades auténticamente democráticas y de una cultura de derechos humanos, o seguir profundizando la enorme brecha que los separa de los auténticos intereses de los pueblos. *

 

(*) Agencia Latina Alternativa de Información