El Ministerio del Interior asegura que el sistema de vigilancia El Guardián ofrece garantías a la ciudadanía

A través de su página web el Ministerio del Interior resaltó las garantías del sistema “El Guardián” y explicó su funcionamiento.

Días pasados trascendió que la Justicia definirá si los datos del software espía para Internet y telefonía comprado por Ministerio del Interior deben ser públicos.

Según la secretaría de Estado, el sistema adquirido recientemente, establece “un único sistema de interceptación legal en contraproposición a los más de 20 sistemas con que contaba la cartera”.

“La concentración en una única herramienta, con control directo del Juez competente, quien es el único que puede habilitar la interceptación merced a una llave digital, es la principal garantía de su utilización”, indicó el Ministerio del Interior.

Asimismo, la cartera ministerial asegura que “interceptaciones legales se realizan en el país desde que existen las comunicaciones”, y que su carácter legal “está dado por la disposición expresa del Juez competente en el marco de una investigación de carácter penal”.

Recuerda que el Código del Proceso Penal (CPP) consagra el marco regulatorio de interceptación de correspondencia y otras comunicaciones.

En el CPP  se establece que “si existen motivos graves para creer que la interceptación de correspondencia postal o telegráfica, o toda otra forma de comunicación en que el imputado intervenga, aun bajo nombre supuesto, pueda suministrar medios útiles para la comprobación del delito, el Juez la ordenará y en su caso, dispondrá su secuestro por resolución fundada, librándose los oficios correspondientes”.

Luego, con el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, la Ley 18.494 estableció el marco regulatorio específico para las vigilancias electrónicas.

Dicha Ley establece que “en la investigación de cualquier delito se podrán utilizar todos los medios tecnológicos disponibles a fin de facilitar su esclarecimiento. La ejecución de las vigilancias electrónicas será ordenada por el Juez de la investigación a requerimiento del Ministerio Publico”.

También dispone que el Juez competente será el encargado de la selección del material destinado a ser usado en la causa y de la que descartará por no referirse al objeto probatorio”.

Asimismo, la secretaría de Estado recuerda que en agosto de 2014, el ministro Eduardo Bonomi aportó información sobre sistemas de interceptación legal.

Procedimiento. Firma digital

Por otro lado, el Ministerio del Interior explica el funcionamiento del sistema espía “El Guardián”.

En tal sentido, se manifiesta que el oficial del caso eleva una solicitud de interceptación legal al fiscal quien evalúa y eleva al Juez quien a su vez resolverá la pertinencia o no de la misma.

Si el fiscal entiende que no corresponde la medida, se rechaza, si entiende lo contrario, eleva al Juez competente y quien dictará orden judicial o no de la solicitud.

“Todos estos actores contarán con firma digital que es la llave que garantiza la identificación de cada uno. La firma digital se emite bajo contrato entre el interesado y una autoridad certificadora. La firma será comprendida en el nuevo documento o cédula de identidad electrónica uruguaya que será emitido por la DNIC”, asegura el Ministerio del Interior.

Sin la firma o “llave digital” del Juez que entiende en la causa, “no se emitirá orden judicial en el proceso de solicitud de  una interceptación legal”.

En la parte formal del proceso de solicitud de una interceptación participan: el oficial del caso, fiscal y Juez. La parte -técnica y operativa- se hará efectiva por parte de la operadora de telecomunicaciones, la que sólo dará cumplimiento de la orden judicial de interceptación legal si se cuenta con la firma o llave digital del Juez competente.

Con este proceso digitalizado “se garantiza la seguridad, confidencialidad, autenticación y no repudio (imposibilidad de negar el envío o recepción del mensaje que se firma digitalmente) de todas las etapas de la solicitud de interceptación legal. Un proceso 100% auditable, donde toda intervención o participación de cualquiera de sus actores queda registrada pudiendo ser verificada con certeza”.