"Caso Uragua": documentos oficiales revelan irregularidades de OSE y OPP

Ambas irregularidades quedaron en evidencia el 9 de enero de 2003 cuando la propia OPP, (ver facsímil 1), escribió en una nota dirigida a la OSE que las «modificaciones» del contrato debieron haber quedado «sujetas a un condición» en el contrato, según la cual, la OPP debía emitir su «autorización» mediante el correspondiente acto administrativo.

Las «modificaciones» ya habían sido aceptadas por OSE, el anterior 20 de diciembre, tres días antes que el Directorio del ente sanitario «firmara» el nuevo contrato que por ahora se mantiene en vigencia.

El cambio en el estado de la garantía exigida a Uragua, que se legitimó con la cuestionada «modificación» del contrato original firmado con OSE, significó para Uruguay «la pérdida de unos seis millones de dólares» debido a que se admitieron Bonos del Tesoro a Valor Nominal, en lugar de la garantía de 20 millones de dólares que se exigía en el contrato que había sido rubricado en una primera instancia.

«Los Bonos del Tesoro  explicó a LA REPUBLICA Carlos Coitiño de la Comisión de Defensa del Agua  se aceptaron a valor nominal cuando hoy valen un 30% menos». «¿Cuánto perderá el país en total después del plazo de cinco años cuando se ejecute la garantía en favor de OSE», se preguntó el veterano activista social.

En la misma misiva, la OPP también «comunica» a OSE que el cambio de garantía por bonos a valor nominal será «aceptado» por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) «en la medida en que el Tribunal de Cuentas no realice observaciones de carácter legal».

No obstante, ambas irregularidades ya habían sido cometidas pese a que su aprobación estaba sujeta a lo que dictaminara el Tribunal de Cuentas, según registran los documentos oficiales que obran en poder de LA REPUBLICA.

«OSE incumplió con las normas contenidas en el Texto Ordenado de Contabilidad Administrativa y Financiera del Estado (Tocaf), que rige los procedimientos para todas las cuentas del Estado, y por su lado, la OPP hizo la vista gorda frente a lo que tenía ante sus ojos», resumió Coitiño. «Ambos organismos de gobierno hicieron caso omiso a las normas legales vigentes en el país», se lamentó.

Las pruebas del «delito»

El dirigente Carlos Coitiño, integrante de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida, es uno de los impulsores de la denuncia penal, (ver LA REPUBLICA del 5 de agosto), que será presentada contra el MEF, la OPP, OSE y el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, cartera que ejerce la «tutela legal» del ente sanitario.

La denuncia penal será por «omisión a los deberes inherentes al cargo», una figura delictiva prevista para aquellos funcionarios públicos que se rehúsen a cumplir con los contralores que deben ejercer de acuerdo a sus potestades legales.

La «firma» y la «instrumentación» de la «modificación» de contrato, decididas por OSE el 23 de diciembre del año pasado, así como la falta de contralor de la OPP que permitió variar el estado de la garantía exigida, serán parte sustancial de la denuncia penal que presentará la Comisión de Defensa del Agua.

La garantía fue variada por Bonos del Tesoro «a valor nominal» cuando a la fecha de hoy ya se cotizan «a valor de mercado» a un 30 y hasta un 35% por debajo.

«OSE no podía disponer del uso de los Bonos del Tesoro sin una autorización expresa de la OPP», señaló Coitiñó.

Cotizados los bonos a un 65% de su valor nominal, es que Uruguay ya llevaría perdidos unos seis millones de dólares. Se ignora a cuánto podrá llegar la pérdida cuando, pasados cinco años, se ejecute la garantía, de acuerdo al contrato firmado entre Uragua SA y OSE.

Cambio del estado de la garantía no estaba previsto por el contrato

Coitiño destacó que «en ningún momento» la OPP manifestó estar en desacuerdo con la variación del estado de la garantía que OSE aceptó a petición de Uragua SA, la empresa transnacional que tiene la concesión del agua y el saneamiento al este del arroyo Maldonado.

El cambio en el estado de la garantía (ver facsímil 2), consta en una carta enviada a OSE por el ABN Amro Bank, institución bancaria donde estaban depositados los 20 millones de dólares.

La misiva del banco fue fechada el 23 de diciembre de 2002, el mismo día en que OSE «firmaba» la «modificación» de contrato» y, simultáneamente, «instrumentaba» la variación de la garantía.

«El cambio de garantía no pudo hacerse el mismo día; ni siquiera lo permitía el contrato modificado, y menos el contrato original», acusó Coitiño.

La carta del banco, al igual que la misiva de la OPP, servirán como «prueba legal» de las irregularidades cometidas y serán incluidas en la denuncia penal que será presentada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida. *