Comenzó el Censo Nacional del ladrillo

Esta recolección de datos encuadra en un programa de mayor aliento, llamado «hacia la construcción de una red de trabajadores y trabajadoras de la construcción artesanal del ladrillo», manifestaron a LA REPUBLICA ladrilleros maragatos.

En el pasado mes de julio  y también en este departamento , había tenido lugar la Cuarta Mesa Nacional que abordó como temas centrales la salud y la educación. Allí quedó claro que uno de los primeros objetivos de los obreros del barro es acceder a la cobertura social del BPS, regularizando su situación. Desde la Universidad, la Facultad de Ciencias Sociales intenta ayudarles aportando sus conocimientos; la implementación de este censo que reflejará la realidad de estos hombres y mujeres uruguayos, es un ejemplo de ello.

En la Cuarta Mesa, además del departamento anfitrión estuvieron delegaciones de Florida, Río Negro, Durazno, Tacuarembó, Artigas, Rivera y Paysandú.

Gerardo Sarachu, profesor universitario presente en la reunión, expresó que «la actividad de los ladrilleros se realiza a nivel informal y por lo tanto, no tiene la cobertura de la protección social (…) Ese es uno de los puntos que evidencian (parte de las) múltiples carencias que afectan la vida concreta de los que se dedican a esta actividad».

Expertos del Instituto Nacional de Enfermería colaboran también con este proyecto, brindando asesoramiento específico en relación al tema salud.

Del censo en particular, participan además de los trabajadores y los universitarios, la Intendencia de Montevideo, la Junta departamental de San José y la Jefatura de Policía con algunos efectivos integrados al equipo de trabajo de campo.

La intención es conseguir hacer un relevamiento que contenga los principales datos de las unidades ladrilleras uruguayas, mediante un formulario que se aplicará al hornero referente de cada emprendimiento y reflejará datos que abarcan desde la producción en concreto, hasta la situación socioeconómica de la familia en cuestión.

«Es fundamental poder llegar a una aproximación a las condiciones de producción y de vida del sector, para lograr un autoconocimiento del mismo, para potenciar el trabajo a nivel local y nacional, hacia el fortalecimiento del sector», se argumenta en un documento difundido por la organización del movimiento. *

El diputado Heber Sellanes presentó un pedido de informes preguntando por lo que entiende un uso discrecional del directorio de la empresa respecto al Plan Perfil, creado para atender la situación de las familias más modestas. Para el legislador se utilizan criterios de clientelismo político.

En entrevista con LA REPUBLICA, el diputado socialista Heber Sellanes subrayó que el pedido de informes apunta a «impedir cualquier abuso o manejo inadecuado de los recursos de las empresas públicas (lo cual) es hoy, más que nunca, fundamental porque está en juego su supervivencia como tales». Existen en el organismo una serie de planes diferentes para la conexión de nuevos usuarios al sistema. En particular hay uno que atiende la situación de viviendas rurales modestas y única propiedad sobre el que se ha realizado una «difusión pública insuficiente». Es el Plan Perfil creado para amparar a quienes se encuentran a menos de 250 metros de la línea de UTE y por su modesta condición, se les otorga el derecho a una conexión gratuita. «Quienes necesitan ese beneficio no saben ni que el Plan existe, afirma Sellanes; pero el cuestionamiento es porque se le habría cobrado a usuarios de modesta condición que reunían los requisitos para estar en el Plan Perfil y en algún caso se les negó la conexión gratuita. La decisión de cada caso está en manos del Directorio de UTE y éste «ha procedido de forma discrecional aplicando criterios de clientelismo político», dijo el legislador. «Es inaceptable, conozco casos de gente que consiguieron la conexión gratuita en forma indebida. He recogido denuncias sobre gestiones de ediles, diputados y hasta del propio intendente (de San José, Juan Chiruchi) ante el Directorio de UTE, para conseguir esas conexiones».

Altas fuentes del organismo, por su parte, confirmaron a este matutino que las adjudicaciones, efectivamente, son resorte del Directorio y que el control que se hace en cada distrito consiste en ver si la persona figura con algún otro servicio a su nombre: «Si lo solicita, por ejemplo, a nombre de su esposa u otro familiar el sistema no lo detecta». *