Buscan "una fórmula" para que Uragua mantenga la concesión en Maldonado

Para que Uragua se mantenga en Maldonado, «OSE accedería a pesificar y reducir el canon» y «negociaría por dos años el cumplimiento de algunas obras previstas» en el contrato firmado por el ente sanitario con la empresa transnacional, dijeron a LA REPUBLICA fuentes allegadas al Directorio del ente sanitario.

Las nuevas concesiones que OSE otorgaría a Uragua fueron conversadas el pasado 4 de agosto, en Maldonado, entre el vicepresidente del ente Hugo Granucci y el intendente Enrique Antía.

Una concesión anterior, que implicó una modificación del contrato original, continúa siendo motivo de polémica con el Tribunal de Cuentas.

Durante la reunión de Granucci con Antía estuvo presente el abogado Eduardo Scasso, actual asesor letrado del ente sanitario, y ex asesor legal del Ministerio de Defensa Nacional. Los abogados presupuestados de OSE están, al contrario de Scasso, en contra de la permanencia de Uragua en Maldonado, debido a los constantes incumplimientos de contrato en que ha incurrido.

El encuentro del lunes entre Granucci, Antía y Scasso fue el comienzo, aunque informal, de la comisión que se completaría con un representante del Poder Ejecutivo.

Del avión al Directorio

El ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, había dicho que Uragua debería retirarse del país si no estaba en condiciones de cumplir con las obras previstas por el contrato firmado con OSE. Lo dijo el 29 de julio, en el Parlamento, al salir de una comisión que trataba el espinoso tema. Los directores de OSE no supieron qué decir a la prensa. No habían coordinado declaraciones con el ministro.

Horas después, arribaba a Uruguay Alberto Martín Escribano, representante de Aguas de Bilbao, quien anunciaba la intención de la transnacional de permanecer en Maldonado. Realizó su anuncio en la capital del departamento fernandino, junto al intendente Antía, y el gerente general de Uragua, Unai Lerma. El vocero de la empresa se reunió luego de inmediato, con el Directorio de OSE, el 31 de julio y reiteró la voluntad de la empresa de continuar con la concesión a su cargo. En la misma sesión, el Directorio decidió formar una comisión integrada por OSE y el Poder Ejecutivo con la intención de «encontrar una fórmula de solución».

Granucci propuso, y logró aprobar, la integración de Antía.

«Una forma de ganar tiempo» hasta el próximo gobierno

El vicepresidente Granucci y el intendente Antía evaluaron, junto al abogado Scasso, el 4 de agosto en Maldonado, que las nuevas concesiones servirían como «una forma de ganar tiempo» para saber qué ocurre con el plebiscito que viene siendo impulsado por organizaciones sociales para que la gestión del agua permanezca en las manos exclusivas del Estado.

«El próximo gobierno tendría que decidir qué hacer finalmente con la concesión», dijo una de las fuentes consultadas por LA REPUBLICA.

Tanto Granucci como Scasso plantearon, en su reunión con el intendente de Maldonado, que una rescisión del actual contrato con Uragua podría implicar, para el Estado, el pago de algún tipo de indemnización a la transnacional, en especial, si la concesión cayera por efecto del plebiscito. El punto ha sido discutido por los detractores de la concesión, quienes entienden que el contrato debe ser rescindido sin indemnización alguna por las irregularidades constatadas en el servicio de agua potable y el saneamiento y por los atrasos en el cumplimiento de las obras.

«Granucci insiste en mantener la concesión; es un problema entre el Foro Batllista y el gobierno», opinó uno de los informantes, quien tuvo acceso a las conversaciones del lunes.

«Atrasar obras implica incremento de tarifas»

Los informantes de LA REPUBLICA estimaron por su parte que un eventual corrimiento del plazo, para el cumplimiento de las obras previstas, determinaría que los costos de las construcciones tendrían que recaer sobre las tarifas de los usuarios a partir del año 2005, de acuerdo a documentos contables que obran en su poder.

Según las fuentes, en ningún momento Granucci habría planteado como una posibilidad la rescisión del contrato con Uragua, pese a todos los incumplimientos en los que ha incurrido la empresa desde que se hizo cargo de la concesión, el 1º de octubre de 2000. *