El Poder Ejecutivo sería denunciado ante la Justicia Penal por "el caso Uragua"

El ministro Alejandro Atchugarry, de Economía y Finanzas, realizó la semana pasada «una declaración de intención» ante la opinión pública para pretender «acordar una salida ordenada» de Uragua SA, «pero evitó comentar los atrasos constatados en las obras», a la vez que «pidió apoyo al sistema político al que llamó a hacer la vista gorda ante las irregularidades cometidas», indicó el dirigente Carlos Coitiño de la Comisión Nacional de Defensa del Agua, una organización social que impulsa un plebiscito para que el recurso hídrico permanezca bajo exclusiva gestión del Estado.

Entrevistado por LA REPUBLICA, Coitiño sostuvo que el Poder Ejecutivo «debió rescindir el contrato con Uragua», una empresa transnacional a la que «debió cobrarle la multa de diez millones de dólares que estaba prevista para caso de incumplimiento de contrato, un hecho que quedó plenamente demostrado».

«El Estado uruguayo jamás ejerció un control efectivo sobre el avance de las obras y las inversiones comprometidas por Uragua», acusó Coitiño, al argumentar que los jerarcas estatales «tienen la obligación de velar por el patrimonio de todos los orientales».

Figura delictiva para funcionarios públicos que incumplen deberes

Atchugarry se había pronunciado el 29 de julio al salir de una comisión parlamentaria. Anunció la intención de Uragua de retirarse del país. No obstante, a nivel de la opinión pública aún subsisten dudas respecto a lo que el ministro quiso decir con «una salida ordenada». Sin embargo este mes Uragua expresó mediante un comunicado su interés de superar las diferencias y permanecer en el país.

Según afirmó Coitiño, la Comisión de Defensa del Agua «tiene plena convicción» que los jerarcas del Estado, que serían objeto de la denuncia penal, incurrieron en una «omisión contumacial a los deberes inherentes al cargo», una figura delictiva tipificada para aquellos funcionarios públicos que incumplen con las obligaciones que emanan de las potestades propias del cargo que ocupan.

Los jerarcas acusados, explicó Coitiño, «actuaron a conciencia y con pleno conocimiento de estar violando normas legales establecidas por leyes y normas vigentes».

La denuncia penal involucraría también a la Comisión de Contralor de la Concesión, un órgano que fuera creado por OSE en base al contrato firmado con Uragua, y cuyos integrantes perciben haberes para ejercer una tarea de contralor que, según la Comisión, no habrían cumplido.

Uragua invirtió U$S 12 millones pero «se apropió» de 18

Entre los «atrasos» y las «irregularidades» cometidas por Uragua, concesionaria de los servicios de agua potable y saneamiento en Maldonado, Coitiño señaló que la firma transnacional lleva invertidos sólo doce millones de dólares, desde que se hizo cargo de la concesión el 1º de octubre de 2000. De acuerdo al contrato firmado con OSE, debería invertir 100 millones de dólares durante los primeros cinco años, y otros 50 millones en los años siguientes.

Los concesionarios privados «se apropiaron hasta la fecha de unos 18 millones de dólares», dijo Coitiño. «Ya llevan recaudados 41 millones de dólares: en octubre, noviembre y diciembre de 2000 facturaron tres millones 700 mil dólares; en el año 2001 recaudaron 17 millones de dólares; en el 2002 facturaron 13 millones; y en lo que va del 2003 hasta el cierre de balance de mayo recaudaron otros ocho millones de dólares».

Los 18 millones «apropiados» no incluyen gastos ni tributos: «son ganancia neta», indicó Coitiño.

La denuncia penal que patrocinaría la Comisión de Defensa del Agua y la Vida podría concretarse en las próximas semanas, en tanto sigue pendiente una posible interpelación al ministro de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Saúl Irureta, por parte del Encuentro Progresista. Esta fuerza política reclama la rescisión del contrato firmado por OSE con la cuestionada empresa Uragua integrada, en la mayoría de sus acciones, por capital transnacional de origen europeo.

Largo corolario de quejas y protestas

La concesión por parte de OSE a Uragua recibió, desde un primer momento, constantes quejas y protestas de vecinos fernandinos. La mala calidad del agua distribuida dio lugar, incluso, a una denuncia penal que aún está pendiente de sentencia en un Juzgado de Maldonado.

El malestar de los vecinos se pudo constatar en todas las ciudades donde Uragua debía prestar el servicio: Punta del Este, Maldonado, Pan de Azúcar, San Carlos y Piriápolis.

Los servicios al Este del Arroyo Maldonado fueron concedidos a «Aguas de la Costa», otra empresa multinacional, vinculada con Uragua, que también ha sido objeto de constantes reclamos de vecinos por tarifas altas y mala gestión.

El 1º de octubre de 2000, Uragua SA quedó a cargo del servicio del agua y el saneamiento al Oeste del Arroyo Maldonado. Apenas cuatro meses después, en enero de 2001, en plena temporada turística, el balneario de Piriápolis quedó sin agua potable durante cuatro días. OSE debió suplir el recurso a su propio costo para evitar una fuga masiva de turistas. La propia Comisión de Contralor de la Concesión estableció en su momento que la responsabilidad cabía a Uragua por «falta de previsión» en las obras realizadas hasta entonces.

Febrero de 2001 fue inolvidable para muchos vecinos de la zona concesionada: las tarifas llegaron a dispararse hasta en un 500%; la comisión de contralor acusó a Uragua por incurrir en «sobrefacturación» y obligó a la empresa a reintegrar el dinero mal habido.

Diciembre de 2001 y enero de 2002 fueron meses que pasarán a la historia por la situación de conmoción interna que se generó en el departamento de Maldonado cuando se constató que el agua distribuida por la empresa Uragua contenía coliformes fecales y seudoma aeruginosa, una bacteria que puede llegar a ser letal. El peligro de la situación fue comprobada por análisis de laboratorio realizados por la propia OSE. «El Directorio del ente sanitario elevó los antecedentes al Mvotma, una cartera que nada hizo para sancionar a la empresa responsable», comentó Coitiño.

Vertido de aguas servidas en playas del principal balneario

El escándalo fue mayor en febrero de 2002 cuando la prensa uruguaya y argentina divulgó algo que todos los vecinos fernandinos ya sabían: Uragua estaba vertiendo aguas servidas de la red de saneamiento en las playas de Punta del Este.

«Las aguas de nuestro principal balneario quedaron contaminadas con restos de materias fecales y orines», indicó Coitiño. La empresa había construido, sin autorización ninguna de OSE, un «by pass» es decir un caño colector que se hundía en las aguas cercanas a la costa. El hecho dio lugar a la denuncia penal que aún se instruye en Maldonado bajo patrocinio del diputado encuentrista Enrique Pérez Morad.

Los incumplimientos por parte de Uragua en el plan de obras tuvo su momento más crítico en junio de 2002: la empresa detuvo todas sus obras cuando ya debía haber terminado con el llamado troncal Bulevar Artigas y una estación de bombeo en Tacuarembó que no llegó siquiera a la etapa de erigir la base de hormigón.

En julio de 2002, todas las obras de Uragua estaban paralizadas por completo. OSE, no obstante, jamás había autorizado a la empresa a incurrir en un aplazamiento de los plazos previstos en el cronograma de obras.

«La Comisión de Contralor de la Concesión», acusó Coitiño, «debió actuar; ya entonces estaba plenamente comprobado el incumplimiento» por parte de la empresa.

«Cuando no todos somos iguales ante las leyes…»

La crisis bancaria y financiera de julio de 2002 fue motivo para que la empresa
«se reuniera a puertas cerradas» con el ministro Atchugarry y el director de la OPP, Ariel Davrieux, señaló Coitiño con insistencia. «Faltó transparencia en la negociación; nadie supo lo que discutieron ni en qué términos», denunció.

En las «reuniones» con el Ministerio de Economía y la OPP, Uragua solicitó «una modificación» del contrato original firmado con OSE. Argumentó que la situación regional había cambiado «la ecuación económica» que había sido estimada cuando se inició la concesión.

«Ningún trato preferencial similar al que recibió Uragua fue concedido a los vecinos fernandinos que padecieron la misma crisis económica y financiera», acusó Coitiño, al señalar la cantidad de comercios y empresas que cerraron durante el año a consecuencia de las políticas aplicadas por las actuales administraciones de gobierno.

Cinco meses después, el 11 de diciembre de 2002, el director general de Uragua, un ciudadano vasco, remitió a OSE, y «con copia a la OPP», una carta en la que «informaba» de las reuniones mantenidas con el Ministerio de Economía y la OPP.

En la misiva, Uragua solicitaba formalmente a OSE «la modificación de contrato» que, señala Coitiño, «ya había sido negociada con Atchugarry y Davrieux a espaldas de la ciudadanía».

«Fueron cinco meses de negociaciones a puertas cerradas de las que no quedó casi ningún documento oficial que permita atribuir las debidas responsabilidades a quien corresponda», lamentó Coitiño. Luego agregó: «Manejaron mediante llamadas telefónicas y encuentros privados inmensos capitales que pertenecen a toda la sociedad; no labraron ni un acto administrativo; fue una falta total de transparencia y cristalinidad».

Las «negociaciones a puertas cerradas» ocurrieron en forma simultánea a las resoluciones de gobierno que transfirieron millones de dólares a los bancos vaciados por los fraudes de las familias Peirano y Röhm. «Ha sido estilo de este gobierno manejar los dineros públicos sin dar cuentas a la ciudadanía», señaló Coitiño.

Dos colorados a favor y un blanco en contra

La «modificación de contrato» solicitada por Uragua fue aceptada el 20 de diciembre de 2002 por el Directorio de OSE. Votaron a favor el presidente Juan Justo Amaro y el vicepresidente Hugo Granucci. El director blanco Alberto Casas votó en contra. De los cinco puntos reclamados por Uragua, sólo tres fueron admitidos. Los colorados Amaro (jorgista) y Granucci (sanguinettista) votaron «mandatados» por el gobierno, explicó Coitiño.

Tres días después, el 23 de diciembre de 2002, OSE firmó con Uragua el contrato «modificado».

Sin embargo, el 9 de enero de 2003, la OPP remitió una misiva a OSE advirtiendo que el contrato no debía ser instrumentado hasta contar con el aval del Tribunal de Cuentas, organismo público encargado de supervisar todas las cuentas del Estado en materia de compras, licitaciones, contrataciones, etc.

Aún así, el 11 de febrero, sólo tres días después, OSE ya había aceptado que Uragua cambiara el estado de la garantía presentada, admitía que el canon se pagara con títulos de deuda pública a valor nominal, y reducía la llamada tasa de contralor creada para financiar las tareas de la Comisión de Contralor de la Concesión.

Acuerdo total entre Tribunal de Cuentas y los abogados de OSE

Lapidario fue el dictamen del Tribunal de Cuentas emitido el 19 de marzo de 2003: el órgano entendió que no podía «modificarse» el contrato original en lo referente al estado de la garantía, el pago del canon y el cobro de la tasa. Los abogados de OSE, en un parecer fechado el 1º de abril de 2003, compartieron en un todo el dictamen del TCR.

Sólo el director blanco Alberto Casas planteó la anulación del contrato en una sesión del Directorio de OSE celebrada el 9 de abril. Casas se basó en el dictamen del Tribunal y en el parecer de los abogados de OSE. El Directorio, no obstante, no adoptó resolución alguna ante el planteo de Casas.

Finalmente, fue el 23 de abril el día en que el Directorio aprobó una nueva resolución mediante la cual decidió mantener vigente el contrato «modificado». Casas votó en contra. Amaro y Granucci a favor. *