Las empresas estatales son renuentes a que Correos reparta sus facturas

Correos no puede cumplir ni con sus propios cometidos. Si recibe para repartir las facturas de todas las empresas públicas no tendría más remedio que recurrir a la contratación de empresas privadas», comentó a LA REPUBLICA una fuente de gobierno.

La Administración Nacional de Correos (ANC) había anunciado que remitirá en agosto al Poder Ejecutivo un anteproyecto de ley que le permita cobrar el millón de dólares que deja de recaudar anualmente por repartir la correspondencia oficial del Estado y, a la vez, para facturar los casi ocho millones de dólares que deja de recibir por la distribución de las facturas de los entes estatales. (Ver LA REPUBLICA del 25 de julio)

Hasta el momento, el Poder Ejecutivo eludió comentar de manera oficial la iniciativa legislativa que impulsará Correos.

Repartir las facturas de todas las empresas del Estado implicaría para Correos aumentar su clientela destinataria en casi un 100%, según estimaciones del propio organismo. En la actualidad son varias las empresas estatales que reparten sus facturas con sus propios funcionarios.

Correos entiende que cobrar por el reparto de la correspondencia oficial y de las facturas estatales le permitiría sortear «un obstáculo que impide el desarrollo» del organismo y a la vez le permitiría «subvencionar la universalidad del servicio», afirmó el vicepresidente de Correos, Gustavo Osta, en la edición del 25 de julio.

 

«En Correos no les cierran las cuentas»

Jerarcas de empresas públicas consultados por LA REPUBLICA pusieron en duda que la ANC pueda hacerse cargo del reparto de toda la correspondencia oficial y las facturas de las empresas estatales.

«Aunque reciban toda la correspondencia oficial y todas las facturas  comentó una de las fuentes , Correos igual tendría que recibir una subvención del Estado por unos tres millones y medio de dólares al año».

Los informantes dijeron además que el Correo carece de la infraestructura necesaria para hacerse cargo de todo el reparto.

«En Canelones tuvieron una devolución de 40 mil 221 cartas en un total de 256 mil 181 correspondencias repartidas durante enero, febrero, marzo, abril y mayo», dijo una fuente, que reveló «el malestar» existente en la Intendencia Municipal de Canelones, que recibió quejas de contribuyentes por atrasos, o envíos a direcciones equivocadas, de facturas por pagos de contribución inmobiliaria y patentes.

«Una devolución similar de cartas en UTE representaría pérdidas de recaudación y atrasos de pagos por unos cinco millones y medio de dólares», comentó otra de las fuentes, para quien el ente energético puede verse seriamente lesionado si por falta de reparto de facturas «se corta» el llamado «ciclo comercial» que incluya la toma del consumo, la facturación, el ingreso de los datos al sistema informático y la distribución de las facturas «antes de diez días de su vencimiento».

En el caso de Antel, cuyo reparto de facturas está a cargo de Correos, son comunes los extravíos de correspondencia y la entrega en domicilios equivocados, agregaron las fuentes.

OSE realiza su propia distribución.

Los informantes destacaron que las facturas son documentos con vencimiento que en caso de llegar atrasadas pueden implicar un corte de servicio para el usuario que no se haya enterado del vencimiento para abonar.

 

Una cuestión de costos y un problema de controles

En promedio, el costo por el reparto de cada factura implica para UTE una erogación de dos pesos con 79 centésimos. Antel debe pagar cinco pesos con 50 centésimos por cada factura de Ancel que reparte Correos. OSE pidió a Correos una cotización y el organismo le respondió que le cobraría lo mismo que a Antel. Para UTE, que reparte 800 facturas por cada uno de sus propios carteros, resultaría inconveniente contratar los servicios de la ANC, según las fuentes.

Otro punto de discordia entre las empresas públicas que reparten sus propias facturas y Correos que quiere quedarse con la totalidad del servicio deriva de las dificultades de relacionamiento que la ANC ha tenido con sus propios funcionarios.

«Yo sé que mis facturas llegarían con mis carteros; con los de la ANC nunca se sabe», resumió uno de los informantes.

Las fuentes subrayaron que los funcionarios de Correos sostienen reiterados conflictos con los jerarcas del organismo que implican varios paros de actividad por año.

«Si los carteros no reparten las facturas no pasa nada; nadie es sancionado: el problema es luego para la empresa estatal que tiene que cortar el servicio porque el usuario no pagó», indicó una fuente, para la cual «no existe control de calidad» en el caso de las facturas que distribuye Correos.

Los carteros de las empresas estatales, por el contrario, son objeto de sanciones en caso de incumplimiento de servicio, y pueden llegar a ser destituidos al incurrir en tres incumplimientos sucesivos.

«Sería una acto suicida entregarle a Correos el reparto de todas las facturas públicas», resumió uno de los informantes. «Nunca podríamos saber si las reparten o no; actúan como un monopolio sin controles».

 

¿Objetivo tercerizador?

Las fuentes consultadas, todos jerarcas gubernamentales de distintos entes, coincidieron en alentar sospechas respecto a que los reclamos de Correos para repartir toda la correspondencia oficial y las facturas de las empresas estatales podría encubrir el secreto objetivo de «tercerizar» los servicios del organismo.

«Por las propias cifras del presupuesto de Correos sabemos que no cuenta con la infraestructura necesaria para cumplir con el servicio que pretende le sea asignado por la ley que remitirá al Poder Ejecutivo», afirmó uno de los informantes.

«Correos no tendría otra alternativa que contratar empresas privadas», insistió otra de las fuentes.

Según uno de los informantes, el presunto objetivo «tercerizador» habría sido manifestado por el propio vicepresidente de Correos, Gustavo Osta, quien en un suelto editorial publicado en el diario El Observador el pasado 26 de junio había afirmado (cuando se suscitó el conflicto respecto al reparto de los periódicos) que «ante cualquier emergencia podría recurrir a una o más de las 90 empresas que operan en el mercado postal». *