El Poder Judicial estará paralizado hasta febrero de 2015

La decisión se funda en la “grave distorsión en la prestación de un servicio esencial para la vigencia de un Estado de Derecho” que eventualmente puede traducirse en “grave afectación de los derechos fundamentales del hombre, consagrados en la Constitución y en las Convenciones Internacional, ratificadas por la República”.

Según el Poder Judicial, ello es consecuencia de “las medidas gremiales adoptadas por los funcionarios agremiados en las diversas asociaciones en virtud del conflicto sindical que se lleva adelante respecto al diferendo presupuestal con el Poder Ejecutivo”.

La resolución también establece que, cuando sea necesario presentar escritos judiciales y éstos no puedan ingresar a través de la Oficina de Recepción y Distribución de Asuntos o en la propia sede, los mismos podrán entregarse en mesa de entrada de la Dirección General de los Servicios Administrativos.

En situaciones de urgencia tales como “amparo”, el escrito respectivo podrá presentarse ante la Secretaría Letrada de la Suprema Corte de Justicia, que efectuará el sorteo para la asignación de juzgado competente.

Comunicado

En otro comunicado, la Suprema Corte de Justicia expresó que ante  la situación de naturaleza presupuestal que comprende aspectos institucionales de relevancia respecto del ejercicio de sus atribuciones constitucionales, “entiende necesario señalar que la SCJ desde la entrada en vigencia de la Ley de Presupuesto del actual período de gobierno ha mantenido en forma invariable una actitud de precaución de conflictos, proponiendo opciones como posibles soluciones a la situación planteada”.

Dicha Ley “mantuvo la participación del Poder Judicial en el total del gasto presupuestal en aproximadamente 1,20% fondos con los cuales se ha garantizado la continuidad del servicio, aún frente a reformas legislativas que demandaron más recursos humanos y materiales de un sistema ya resentido por la escasez de recursos”.

Frente a la situación de conflicto en que se encuentran casi todos los gremios integrantes del Poder Judicial se ha optado por la “remisión al Poder Legislativo de un proyecto de Ley, en el que se establecen montos y cifras que no pueden ser interpretados en función de la información que oportunamente y a su requerimiento fueron remitidos al Poder Ejecutivo”.

“Esta Corte en ninguna de las reuniones mantenidas con el Sr Presidente de la República, el Sr. Secretario de la Presidencia o el Sr. Ministro de Economía, manifestó opinión alguna favorable a los denominados ‘desenganches’ entre la dotación del cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia y los otros escalafones del Poder Judicial”, se indica en el comunicado.

Por ello rechaza la propuesta de modificación del artículo 400 del Código General del Proceso, que “obliga a Poder Judicial el pago con sus fondos presupuestales de las condenas, laudos arbitrales o transacciones que se le impongan”.

Ello es así en cuanto el Poder Judicial no tiene autonomía presupuestal como los otros poderes del Estado, pues a tales efectos es considerado un organismo del artículo 220 de la Constitución de la República: “prepara su presupuesto, lo envía al Poder Ejecutivo que lo ajusta conforme a la política presupuestal del Estado y es el Poder Legislativo que lo aprueba”.

La propuesta “sin duda significará una afectación de fondos destinados por el Presupuesto al cumplimiento de las finalidades esenciales de este Poder del Estado, pudiendo afectar severamente su funcionamiento al tener que destinar dichos fondos al pago de créditos que son objeto de litigio”.

En los hechos, la norma propuesta “limita y condiciona el funcionamiento del Poder del Estado, trasladando a su ya escasa disponibilidad presupuestal la carga de asumir dichos créditos”.

A raíz de la situación planteada, la SCJ “suspendió el tradicional acto de conmemoración del Día del Poder Judicial que estaba previsto para el viernes 19 de diciembre”.

Exhorta a “todos los actores involucrados encontrar soluciones a la situación conflictiva en aplicación de la Constitución y de la Ley y en el marco de prudencia y actitud constructiva que la situación requiere”