Jueces analizan este sábado realizar un paro general por aumento salariales

Los magistrados consideran que si bien existe “voluntad política del Ejecutivo para pagar los incrementos salariales adeudados”, de todos modos entienden que es necesario que “el gobierno fije una fecha para comenzar con el pago de la deuda” la cual estiman en “unos 60 millones de dólares anuales desde 2011 a la fecha”.

El vicepresidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), Marcos Seijas, explicó que el “diferendo con el Poder Ejecutivo comenzó en 2011, desde la aplicación de la Ley de Presupuesto”.

Seijas dijo a Montevideo Portal que en el Presupuesto quinquenal se incluyó un artículo que “equiparó el ingreso de los ministros de Estado con el de los senadores, lo que aumentó los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia”.

“A su vez, los sueldos de los jueces y funcionarios del Poder Judicial, además de actuarios y defensores de oficio, son porcentajes de lo que ganan los ministros de la Corte de Justicia, por lo que también aumentaron. Lo mismo pasó con los fiscales y funcionarios de la Dirección General de Registros, que si bien están dentro del Poder Ejecutivo, también tienen salarios enganchados”, sentenció Seijas.

El primer paro de la historia

Por otro lado, Seijas se refirió a dos informes que se presentarán durante la asamblea, en los cuales se asegura que “no hay ninguna norma que limite a los jueces la posibilidad de realizar un paro general en sus actividades”.
Por otro lado, resaltó que en caso de aprobarse el paro, sería “la primera vez en la historia” en que los jueces detendrían sus actividades, por lo que “no existe un protocolo para el funcionamiento de los juzgados ente situaciones de conflicto”.

Funcionarios registrales

La situación se suma al conflicto que lleva adelante la Asociación de los Funcionarios Registrales que ha tomado medidas gremiales desde hace más de dos semanas en reclamo de un aumento salarial del 26%, en ese marco han decidido recibir documentación en horarios restringidos.

Por su parte, los escribanos han asegurado que el conflicto sindical provoca la “paralización del sector inmobiliario, automotriz y financiero”.
Por ello plantearon una acción de amparo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Argumentan que su derecho constitucional al trabajo “está siendo totalmente violado”.

También pidieron al gobierno que decrete la esencialidad de los servicios, pero el planteo fue rechazado.