DD.HH

Organizaciones sociales exigen relevar al directorio del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA)

Unas 30 organizaciones sociales piden relevar al directorio del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA), en función de un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) en el cual se denunció “hacinamiento, encierro excesivo, y la falta de actividades”.

“El hacinamiento, el tiempo de encierro excesivo, la falta de actividades estables y sostenidas» son algunas de las observaciones.

Las organizaciones sociales reclaman una “señal política clara y precisa, acorde con la nueva agenda de derechos impulsada desde el Estado”.

Entre las organizaciones que piden el relevo del directorio del SIRPA se encuentran, entre otras: SERPAJ, IELSUR, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y Cotidiano Mujer.

Reconocen que los trabajadores del SIRPA “tienen precarias condiciones de trabajo y falta de apoyo en sus tareas”.

Además, indican que “muchas veces desarrollan funciones complejas sin previa capacitación y formación con mínimos o nulos recursos de infraestructura”.

Pero aseguran que ello “no justifica la utilización de la violencia en sus múltiples formas y sentidos. La tortura no se tolera, se persigue”.

Convocan a los trabajadores del SIRPA y al movimiento sindical a promover “buenas prácticas en ejercicio de sus funciones, así como actuar de forma firme y rápida sobre cualquier uso desmedido de la fuerza”.

Informe

La Institución Nacional de Derechos Humanos presentó ante la Comisión de Población del Parlamento, un informe sobre los establecimientos del SIRPA.

“El hacinamiento, el tiempo de encierro excesivo, la falta de actividades estables y sostenidas, la falta de educación permanente, la ineficiente e incompleta registración de actividades”, son algunas de las observaciones.

También remarcaron que existen “heterogeneidad de criterios sancionatorios, la inexistencia de criterios uniformes con respecto a la atención medica de los adolescentes,  insuficiente formación de las personas que están en contacto directo con la población internada y tratos abusivos por parte de algunos funcionarios”.

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