Los funcionarios en conflicto ocuparon la mutualista Cima

Aunque los trabajadores aseguran que la atención a los 27 mil usuarios es normal, el Ministerio de Salud Pública, mediante inspecciones técnicas, sigue de cerca el conflicto generado en la mutualista Cima. La secretaría de Estado está preocupada porque puedan registrarse omisiones de asistencia. La entidad médica se encuentra ocupada desde la medianoche del viernes sin control obrero, es decir, que las autoridades pueden concurrir a las instalaciones de la institución.

Por su lado, los 250 médicos cooperativistas y no cooperativistas de Cima resolvieron en la noche del jueves en el Sindicato Médico del Uruguay, no aceptar la rebaja salarial propuesta por los funcionarios no médicos de la cooperativa. El objetivo del gremio de funcionarios es que se aplique 20% de rebajas salariales al sector anestésico quirúrgico y 10% al resto de los médicos.

El Consejo Directivo de Cima subrayó, acerca de las rebajas salariales planteadas por parte del gremio, que «cirujanos y anestesistas ya recibieron una rebaja de 40% en sus haberes y el resto de los médicos están cobrando 50% de sus ingresos».

El ministro de Salud Pública, Conrado Bonilla, había dicho en marzo en la Comisión de Diputados, que Cima se encuentra dentro del grupo de mutualistas que están «más allá del pretil».

El subsecretario de Salud Pública, Milton Pesce, precisó en esa instancia, que Cima conforma el grupo de mutualistas –junto con Casa de Galicia, Cooperativa Médica Uruguay España, Cosem y Gremca–, que «no tiene plan de reconversión y que no presentaron proyectos a consideración del Programa de Modernización del Sector Salud (Promoss)».

En este marco la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) resolvió solicitar una reunión urgente para la semana entrante con el ministro de Salud Pública.

El secretario general de la FUS, Jorge Bermúdez, dijo a LA REPUBLICA que «hablaremos de los cambios que deberá sufrir la Comisión Multisectorial que se está reuniendo en el MSP» para analizar el futuro del mutualismo en general. Bermúdez señaló que deben implementarse medidas urgentes como el control de precios de medicamentos, compensación de deudas entre el Estado y las instituciones y topear los salarios en dos canastas familiares. El dirigente de la FUS rechazó todo planteo de nuevas rebajas en los ingresos de los trabajadores.

Fuentes de LA REPUBLICA sostuvieron que el conflicto de Cima dibuja la pretensión del Poder Ejecutivo de concentrar el sistema mutual en unas pocas entidades médicas.

En cuanto a los procesos de integración, Impasa está negociando la absorción de la cooperativa Gremca, aunque aún se analiza si sus trabajadores renuncian o no a las deudas salariales. Gremca cuenta con 17.200 afiliados y 320 funcionarios médicos y no médicos.

Ante el posible cierre de entidades médicas, los funcionarios no médicos apelan al documento de la Comisión Multisectorial firmado en abril de 2001, que sostiene la distribución de trabajadores en función de los socios que se reafilien en el resto de las mutualistas. El Sindicato Médico del Uruguay no apoyó el documento de abril y por tanto los médicos no podrán insertarse en el resto de las entidades en función de los socios que ellas reciban.

En caso que la cooperativa Cima cierre sus puertas, los trabajadores escucharán las mejores ofertas por parte de otras instituciones.

Despidos sí y no

Ayer el dirigente de Cima, Jorge Cabrera, negó que el gremio haya propuesto a la empresa el despido de 30 trabajadores. Consultado por LA REPUBLICA comentó que tiene los documentos con sellos del Ministerio de Trabajo donde se establece claramente cuál fue la propuesta del gremio que en ningún momento pasó por aceptar despidos.

Sin embargo, Héctor Garazza e Ignacio Mirazzo directores de la mutualista, ratificaron a este periódico que esa propuesta fue, en efecto, realizada por los propios trabajadores en medio de la negoción.

La reestructura trazada por la empresa para pagar la cuota de $ dos millones mensuales que exigiría el concurso de acreedores, que fue postergado hasta junio, implica el envío de 150 funcionarios no médicos al Seguro de Desempleo, rebaja salarial de 6% a nivel del laudo y modificación del régimen de los días libres, es decir, el planteo de la empresa es que los funcionarios trabajen cinco días y descansen uno. También establece el cobro de los haberes a mes vencido.

La mutualista cuenta con unos 27 mil afiliados, 630 funcionarios no médicos titulares y 100 suplentes y 250 médicos entre cooperativistas y no cooperativistas. *