Polémica política por Ley de Extranjería

En plena campaña de cara a los comicios municipales y regionales del domingo en España, el tema de la inmigración desató el lunes una polémica en la clase política, tras el anuncio del presidente del gobierno, el conservador José María Aznar, de una reforma a la Ley de Extranjería.

Ausente de los discursos en los mítines de los últimos días, la inmigración hizo su aparición en el debate electoral de forma sorpresiva cuando el jefe del Ejecutivo afirmó en un seminario que esta tercera reforma a la ley vigente desde el año 2000 busca favorecer la inmigración legal y reforzar la lucha contra la ilegal.

«Queremos hacer que sea más fácil que cada extranjero que quiera venir a España pueda llegar aquí contando con un permiso de entrada y de residencia en nuestro país, respetando siempre la capacidad real de acogida que tenemos, que no es ilimitada», afirmó Aznar.

La reforma considerará el visado como permiso de trabajo y residencia, aunque de momento se desconoce si cambiarán los requisitos necesarios para obtener una visa, autorización que a partir del 1º de junio deberán solicitar los ecuatorianos para entrar a la UE, pero que ya se pide a cubanos, haitianos, colombianos y dominicanos. Para luchar contra la inmigración ilegal, la reforma reforzará los procedimientos de control y expulsión de los extranjeros que llegan a España de forma ilegal y fortalecerá el cuadro de sanciones para los inmigrantes ilegales.

«No debemos olvidar que la principal vía de entrada de inmigrantes ilegales en España no son las pateras (…) sino los aeropuertos españoles», sostuvo Aznar. El anuncio del jefe de Gobierno, líder del Partido Popular (PP, derecha), se produce en la recta final hacia los comicios del domingo, en las que esa formación podría perder la mayoría absoluta en la capital y otras cinco ciudades españolas y en la región autónoma de Madrid, según el estatal Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Aznar anunció que la reforma a la ley sobre la inmigración será aprobada el viernes en Consejo de ministros, es decir dos días antes de que 34,5 millones de españoles estén habilitados para ir a las urnas.

La primera reacción provino del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), principal formación opositora, al afirmar que la reforma anunciada por Aznar refleja el «estrepitoso fracaso» del gobierno en el control de fronteras y su «incapacidad» para canalizar los flujos migratorios».

Los socialistas lamentaron que Aznar «utilice el Consejo de ministros para hacer electoralismo a favor de su partido».

La coalición Izquierda Unida (IU, pro comunista) consideró que la reforma forma parte de la «política de propaganda» del gobierno del PP, «que cree que todo se soluciona con grandes fastos».

El gobierno regional del País Vasco (norte), en manos de los nacionalistas moderados, calificó la reforma de «atropello democrático» a los derechos de los inmigrantes, con la que el «PP busca captar el voto de la extrema derecha». En el otro extremo del país, en Andalucía (sur), el Ejecutivo regional consideró que la modificación a la ley «no solucionará el problema de la inmigración ilegal», que necesita «voluntad política para controlar las fronteras».

Mientras el gobierno seguía defendiendo la reforma, al entender que busca «más garantías» para los inmigrantes, según el ministro de Justicia, José María Michavila, varis ONG denunciaron la utilización de la inmigración como arma electoral.

En ese sentido, SOS Racismo calificó de «detestable» la ocasión elegida por el gobierno para anunciar una reforma semejante que, además, es «un engaño y no va a solucionar las problemas que enfrentan los inmigrantes». *