El gobierno español pedirá a las aerolíneas listas de pasajeros que no retornan a su país

La reforma de la Ley de Extranjería, que aprobará el viernes el gobierno español, habilitará a las autoridades a pedir a las compañías aéreas las listas de los pasajeros que no regresen a su país de origen, y que eventualmente puedan convertirse en inmigrantes ilegales.

Así lo indicó una fuente de la delegación del gobierno español para la Extranjería y la Inmigración a la prensa, precisando que la medida permitirá solicitar a las líneas aéreas el listado de pasajeros que, luego de aterrizar en territorio español, no regresan en la fecha indicada en sus pasajes.

La disposición se aplicará a las compañías que cumplen las denominadas rutas «calientes», es decir que vuelan desde donde procede la mayor parte de la inmigración irregular, pero puede ampliarse a otros medios de transporte, siempre según esa fuente.

La medida busca acentuar la lucha contra la inmigración ilegal. Además está contemplada en una propuesta de directiva que España estaría negociando con la Unión Europea (UE).

La Asociación de Líneas Aérea (ALA) reconoció que mantiene «contactos y cambio de impresiones» con el gobierno español sobre su intención de solicitar datos de los pasajeros.

La asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui acusó al gobierno español de haber declarado «una guerra a la migración» utilizándola como bandera electoralista, dejando en vilo el futuro de miles de personas que se encuentran en situación irregular».

En primera línea de la campaña electoral con miras a las municipales y regionales del domingo, el jefe del gobierno José María Aznar, del Partido Popular (PP, derecha), insistió ayer en que la capacidad de acogida de España para los inmigrantes legales es «limitada».

Al hablar en un instituto de formación de policías, Aznar calificó de «grave error pedir papeles para todos» aquellos que están en situación irregular.

«No debemos olvidar que la principal vía de entrada de inmigrantes ilegales en España no son las pateras (…) sino los aeropuertos españoles», afirmó Aznar el lunes al anunciar las modificaciones a la ley vigente desde el año 2000.

La reforma incorpora la sentencia del Tribunal Supremo español, que la semana pasada anuló 13 preceptos del reglamento de la ley en virtud de un recurso interpuesto por las asociaciones Red Acoge y Andalucía Acoge.

Según la reforma, el visado será considerado permiso de trabajo y residencia, y para su obtención se deberá pagar una tasa en el momento de solicitarlo.

En su comunicado, Rumiñahui afirma que «de ninguna manera» puede considerarse como tal la «promocionada reducción de trabas burocráticas para unificar el permiso de trabajo y residencia con el visado», pues para obtener la visa se requiere «una oferta de trabajo (que) hace complejo todo el proceso».

Oposición y sindicatos recrudecieron sus críticas contra la reforma en cuestión, calificándola de «inmoral», augurando su «fracaso» y considerando que «criminaliza» a los inmigrantes.

La coalición Izquierda Unida (IU, pro comunista) acusó a Aznar de «hacer esfuerzos para parecerse a (Jean-Marie) Le Pen», líder del francés Frente Nacional (FN, extrema derecha).

Uno de los principales sindicatos españoles, Comisiones Obreras (CCOO, pro comunista), acusó al gobierno de ser «incapaz de adoptar medidas que faciliten la integración» y alertó sobre las «situaciones intolerables de explotación» en una economía irregular a la que están destinados los inmigrantes ilegales.

A partir del 1º de junio los ecuatorianos necesitarán visado para entrar a territorio de la UE, requisito que desde hace años necesitan colombianos, haitianos, cubanos y dominicanos.

Las estimaciones de extranjeros en situación irregular oscilan de 600.000 según la organización no gubernamental SOS Racismo, a 1,5 millones, según Rumiñahui. *