EN TODO EL PAIS FUNCIONAN MAS DE 400 NEGOCIOS QUE OFRECEN CONEXIONES A INTERNET

Controlarán legalidad de los software de los cibercafés

Debido a lo extensivo de esta actividad, las autoridades de Software Legal efectuaron recientemente un relevamiento en 40 cibercafés de Montevideo para conocer su funcionamiento, asesorar a las empresas y determinar si tienen en regla las licencias de software.

Primero habrá un relevamiento para conocer la realidad y luego, en caso de encontrarse irregularidades, se dará un plazo para legalizar la situación o de lo contrario quedarán expuestos a la aplicación de sanciones establecidas por ley.

Gustavo Dematté, presidente de Software Legal, explicó a LA REPUBLICA que el explosivo avance de los cibercafés apresuró la decisión de efectuar el relevamiento.

Cada vez la población utiliza este servicio para comunicarse a través de correos electrónicos (e-mail) o participar de salas de conversación grupal o individual (chat) debido al menor gasto que implica en comparación con la tarifa telefónica. Otros utilizan los cibercafés para «navegar» en Internet y acceder a información o imágenes. Ultimamente estos negocios incluyeron juegos en red donde los participantes compiten de una computadora a la otra.

Más allá de que todavía no están prontos los resultados del relevamiento, en Software Legal se tiene la firme sospecha de que en estos locales existe una gran ilegalidad. Se tratará de determinar si esas omisiones se hacen a sabiendas o por desconocimiento de los propietarios de estos negocios.

Algunos locales de cibercafés, tienen una o dos computadoras con sofware originales y en el resto utilizan programas «copiados o truchos». «Tenemos que ayudarlos a tener las licencias en regla», acotó Dematté.

En principio, no se quiere atacar sin antes informar a los responsables de los cibercafés sobre los aspectos legales. Se tienen presunciones de presuntas ilegalidades, por lo cual, en una primera instancia, no se actuaría en forma represiva.

Sofware Legal, entre los pasos a dar, tiene pensado organizar encuentros grupales con los responsables de los cibercafés para dialogar sobre el tema. «No queremos salir con un garrote», advirtió Dematté. No obstante, después de pasar la etapa informativa y educativa, la organización podría adoptar medidas ejemplarizantes para quienes continúen violando las normas.

Sostuvo que es más difícil de controlar la piratería del sofware que la musical, ya que en el primero de los casos, no se realizan copias masivas como con los discos compactos.

Informó que existen empresas que poseen menos licencias en relación al número de máquinas que tienen.

Otras de las trabas para investigar si los programas que se utilizan son legales o no es el hecho de que para inspeccionar los locales se necesita tener una orden judicial.

De acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual Nº 17.616, aprobada el 10 de enero del presente año, se produce un aumento en las penas y habilita un mayor control. Las sanciones pecuniarias pueden ser por un valor 10 veces superior al del programa instalado ilegalmente, o multas de entre 10 y 1.500 Unidades Reajustables. El juez también puede sancionar al infractor con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Fabricantes piratas

Se estima que la piratería del software en Estados Unidos se ubica en el 23%, mientras que en Uruguay ese porcentaje llegaría al 65%.

Esta violación a los derechos de autor y la evasión impositiva generada por adquirir productos pirateados está generando pérdidas millonarias al país.

En Montevideo funcionan unos 200 cibercafés, algunos de los cuales funcionan en restoranes y quioscos. Habría otros 200 en el interior del país.

Dematté explicó que la copia de un sofware es lisa y llanamente un robo a la propiedad intelectual.

Informó que tiempo atrás detectaron que algunas empresas uruguayas dedicadas a la venta de computadoras, vendían estos productos con softwares «pirateados». El descubrimiento de estas maniobras en las denominadas «máquinas clones», que son armadas en Uruguay, llevó al inicio de acciones judiciales por comercializar un producto que carecía de la licencia correspondiente.

Aclaró que la responsabilidad en estos casos, es tanto para quien compra un producto como para quien vende. *

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