Ediles censuran a medio de prensa que difundió práctica de clientelismo político

Un edil colorado y uno nacionalista que actualmente ocupa la Dirección de Turismo de la Intendencia de Colonia, se pusieron de acuerdo para repartir terrenos municipales utilizando para ello los votos de su bancada en la Junta Departamental. La difusión de estos hechos por parte de uno de los protagonistas que ahora ocupa una banca en la Junta Local de Nueva Palmira en representación de la Lista 15, motivó la censura del cuerpo, no al infractor, sino a la prensa que cada semana cubre las sesiones. La decisión de impedir el acceso a las sesiones impuesta al periódico local El Eco de Palmira fue votada por cuatro de los cinco ediles que componen la Junta Local porque el medio le dio difusión textual a lo dicho por el edil colorado en el transcurso de las mismas.

En efecto, la medida se concretó el pasado 18 de marzo cuando por mayoría de votos, la Junta Local de Nueva Palmira prohibió el ingreso de la prensa a sus sesiones. La moción fue presentada por el edil Eduardo Marr (PC-Lista 15) y votada afirmativamente por los herreristas Arturo Aguirre (PN-Lista departamental 904) en su carácter de presidente, Antonio Vico (PN-904) y Raúl Gaona (PN-Lista departamental 22). Votó en contra el edil Juan José Saralegui (EP-FA). El Artículo 25 de la ordenanza Municipal de Colonia establece claramente que las sesiones de la Junta serán públicas, pero eso no impidió la censura de los ediles palmirenses al único medio de la ciudad que se ocupaba de informar sobre los temas de importancia para la comunidad que en cada sesión trataban los ediles.

Una semana antes El Eco publicó que el quincista Eduardo Marr recordó cuando era edil departamental junto a César Urán  hoy director de Turismo de la Intendencia de Colonia  ambos dieron terrenos municipales pidiendo para ese arreglo los votos de sus bancadas en la Junta Departamental. Es decir que regalaron terrenos municipales en los que hoy se levantan viviendas particulares. «Yo le dije a Urán que me consiguiera lo votos de su bancada para autorizar la entrega de un terreno municipal, a cambio de que yo le conseguía en mi bancada los votos para que él entregara otros terrenos», fue la frase textual dicha por Marr y difundida por la publicación local El Eco. Pero si lo confesado por el edil quincista Eduardo Marr es grave porque revela el clientelismo utilizado en los estratos más bajos de la dirigencia política del interior del país al regalar terrenos municipales en forma arbitraria a sus correligionarios, también es grave la decisión que toman luego de no permitir el ingreso de la prensa a las sesiones y los argumentos que esgrimen para ello. «Comparto la moción de Marr porque de esta manera podremos trabajar con más libertad y manifestar lo que tengamos que decir cada edil», afirmó el edil local Antonio Vico, representante del Partido Nacional. Marr por su parte dijo: «Si no queremos no la dejamos entrar». LA REPUBLICA consultó al edil Eduardo Marr, de la Lista 15 y responsable de las declaraciones que motivaron la censura a la prensa, quien ratificó su posición. «Nosotros somos personas de confianza del ejecutivo comunal y nosotros dejamos entrar a la prensa si queremos y si no queremos no la dejamos entrar»; «no nos oponemos a que la prensa esté en las sesiones, pero escúcheme, una prensa coherente» le dijo a este periodista.

Marr reconoció que fue el autor de la moción por la que se decidió impedir el acceso a la prensa durante las sesiones públicas. «La hice yo porque no se podía más trabajar en esa forma, que te grababan todo y lo sacaban. Vos conversabas que te ibas a pescar y al otro día te sacaban: ‘Marr no fue a la sesión porque se fue a pescar'», dijo. «Creo que hay que tener respeto, porque con el respeto se puede ir muy lejos, pero de esa forma no», manifestó. El edil quincista adjudicó al semanario «una cuestión ideológica» contra su persona.

Gremios de la prensa condenan

Esta semana la censura sufrida por El Eco de Palmira motivó una declaración de la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) que condenó la actitud de la Junta Local de Nueva Palmira ya que la misma «constituye una violación flagrante a los Derechos Humanos  en este caso el derecho a la información  al prohibir que la ciudadanía palmirense acceda al conocimiento de decisiones atinente a su comunidad». APU afirmó en su declaración la tendencia al secreto y a la censura «que se extiende a todos los niveles de la administración pública en que la información perteneciente a la sociedad es escamoteada al pueblo, confiere a Uruguay un vergonzoso privilegio en el mundo». La gremial de los periodistas remarcó que «esa práctica, además de violar derechos humanos coloca a los funcionarios públicos en una situación propiciatoria de corrupción». Además la Organización de la Prensa del Interior (OPI) denunció «la manipulación que la junta local de Nueva Palmira ha realizado respecto a la asistencia de la prensa en el ámbito de sus reuniones. Lo que antes era bueno ahora dejó de serlo, solamente porque la difusión de los hechos no agradó a los integrantes» de la Junta a los que advirtió que remitirá esta declaración a los órganos de representación política departamental y nacional sin perjuicio de otras acciones que contribuyan a dejar sin efecto tal resolución». *