Estudiantes de Derecho juntan firmas para cambiar Ley de derecho de Autor

“Pretendemos introducir una reforma a la Ley de manera que el fotocopiado no sea un delito, siempre y cuando se use para fines educativos, y no como forma de lucro”, explicó Nicolás Brener del Consejo de Facultad de Derecho.

Los estudiantes de Derechos aseguran que si bien la situación del fotocopiado se originó y trascendió a raíz de su Facultad “es una práctica que se extiende a todos los niveles de la educación”. Por tal motivo convocan a que firme cualquier persona.

Por su parte, Florencia Ualde, representante de los estudiantes en el Consejo de Facultad de Derecho dijo que pretenden remitir las firmas al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena, y presentarlas en el Parlamento para que se analice modificar la Ley de propiedad intelectual”, según informó Subrayado.

Los hechos

La propuesta surgió después que la Justicia procesó sin prisión a 14 indagados por el fotocopiado “ilícito” de libros de textos de estudio, lo que derivó en diversos allanamientos de locales y el cierre unos 15 comercios en Galería Montecarlo.

La Policía de Crimen Organizado e Interpol detuvieron a 32 personas que debieron declarar ante la jueza especializada en crimen organizado, Adriana de los Santos, y la fiscal Mónica Ferrero.

En el operativo se incautaron unas 80 máquinas industriales de fotocopiado, en un procedimiento que se realizó en 15 comercios que se dedicaban al fotocopiado de libros enteros, y no de capítulos o segmentos.

En ese marco fue que se incautaron 250 libros de autores reconocidos.

Los locales de reproducción de los textos se encuentran ubicados en la galería Montecarlo, en la calle Eduardo Acevedo y 18 de Julio, frente a la Facultad de Derecho.

La denuncia fue presentada hace más de dos años por la Fundación de Cultura Universitaria.

Según los denunciantes, “en los centros allanados se realizan copias ilícitas de obras completas de varios autores nacionales”.

En tanto este martes el juez procesó “sin prisión” a 14 de los 32 indagados por realizar el fotocopiado de los textos de estudio. Se trata de los dueños de los locales.