Blancos en defensa del agua

Amalia Alonso, Alicia César, Alvaro Alvarez y Eduardo Rodríguez, en representación de la Comisión Nacionalista, dialogaron con LA REPUBLICA acerca de la campaña que se viene desarrollando para recolectar las firmas necesarias para una reforma constitucional que establezca que el servicio de agua potable es público y que no dejará de estar en manos del Estado.

Reivindican que los recursos hídricos son patrimonio nacional, por lo cual no pueden ser explotados por empresas privadas ni subastados.

Este grupo que componen «unos 40 nacionalistas, activos defensores del agua», recibió numerosas críticas tanto de sectores de la izquierda como de la derecha.

Los primeros los acusaron de «subirse al carro» y los segundos de ser «izquierdosos». «Simplemente nosotros somos nacionalistas y pretendemos evitar que el agua se convierta en una mercancía», respondieron.

«Teniendo en cuenta que la tercera guerra mundial podría originarse por este vital líquido», entienden necesario «preservar este bien que es patrimonio de los uruguayos». La Comisión Nacionalista se constituyó previo a la formación de la Comisión Nacional de Defensa del Agua.

En todo el país se recolectaron más de 200 mil firmas y aún faltan otras 50 mil. Hay tiempo para presentar las adhesiones hasta 6 meses antes de las elecciones nacionales.

Resaltaron la importancia de llegar al número requerido lo antes posible a fin de evitar cualquier intento privatizador de los servicios o subasta que el gobierno pretenda ejecutar.

«El agua no es un bien venal, no está para que las empresas privadas puedan usufructuarlo y darle el servicio a quienes tengan determinados bienes, como lo establecen los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo», explicó Amalia Alonso, que se considera ideológicamente blanca y es funcionaria de OSE.

Explicó que el pasado 25 de marzo el Ejecutivo envió un proyecto de ley al Senado donde el artículo 4o. establecía que el agua potable era un bien de interés público (que permite la concesión del servicio a un privado) y no un servicio de interés nacional cuya administración quede reservado exclusivamente al Estado.

Sin embargo, se elaboró otra iniciativa con modificaciones a la anterior y que ni siquiera indica que el agua pasa a ser un bien de interés público. Según aseguran estos nacionalistas, de aprobarse estos proyectos, significaría lisa y llanamente la desaparición de OSE como servicio público.

Advierten que si se subastan los recursos hídricos del país, «como es la intención del gobierno», la población corre el riesgo de tener hasta que pagar para utilizar el agua de un arroyo.

Pretenden que expresamente la Constitución establezca que el vital líquido siga en manos del Estado, ya que hasta el momento no hay nada referido al respecto.

Blancos contra privatizaciones

Acotaron que tienen como precedente lo sucedido en Maldonado con la concesión de Uragua y Aguas de la Costa, «que fue nefasto su servicio». «Hoy día el agua del departamento no se puede tomar», indicó Eduardo Rodríguez. Como funcionario de OSE, entiende que las empresas privadas no actuarán como el ente estatal, que en tiempos de sequía, administra los recursos para evitar el agotamiento del vital elemento, sino que al existir una mayor demanda, venderán todo el agua posible hasta que ésta se acabe.

«La defensa del agua no es parte de una conveniencia política, sino que es importante para la vida de la población», sostuvo el dirigente nacionalista.

Dentro del Partido Nacional, algunos altos dirigentes ya se manifestaron al respeto. Tal son los casos de los diputados Beatriz Argimón, Carlos González Alvarez, Julio Cardozo, Julio Lara y los intendentes de Flores, Carlos Mazzullo, San José, Juan Chiruchi, Colonia, Carlos Moreira, Rocha, Irineu Riet Correa, así como el precandidato a la presidencia, Sergio Abreu, el ex subsecretario de Educación, José Carlos Cardozo, entre otros dirigentes.

Hasta el momento, sólo el diputado Gustavo Penadés se proclamó contrario a la recolección de firmas y ciriticó a quienes integran la Comisión Nacionalista por desarrollar este emprendimiento por «razones tácticas y estratégicas para ganar un voto». Los integrantes de la Comisión aludida respondieron que el legislador acusador tiene este comportamiento para con ellos, «porque responde a los intereses de quienes le financian su campaña política, «que es el estudio del abogado Ignacio De Posadas, ex ministro de Economía, y que actualmente maneja los negocios de la mayoría de las multinacionales y busca extranjerizar las empresas del Estado. Es también representante de Uragua», explicó Eduardo Rodríguez. *