El campo y la ciudad volvieron a marchar contra la empresa Dirox

Al costado de la ruta 1, muchísima gente manifestó su rechazo a la presencia de la fábrica italiana en territorio maragato. La caravana partió desde el kilómetro 46, para dirigirse hasta la plaza de Libertad, donde tras escucharse el Himno Nacional se leyó una proclama. El presidente de la Asociación Rural de San José, Pedro Bidegain, fue vocero de parte del texto. Se destacaba la presencia o la adhesión expresa de distintas figuras y agrupaciones de relevancia nacional y departamental, como «Alianza Nacional», la lista 2 (del ex intendente Jorge Cerdeña) y el Frente Amplio maragato.

Otros protagonistas políticos fueron acusados duramente por los manifestantes: Julio María Sanguinetti (Presidente de República cuando Dirox se instaló), el intendente Juan Chiruchi (ministro entonces de Medio Ambiente), el secretario de Inavi y socio electoral de Chiruchi, Francisco Zunino, el diputado Washington Abdala y el dirigente forista (director del Sodre), Gustavo Cersósimo.

Las palabras leídas intentaron «no insistir en lo ya dicho sino revelar datos, denuncias nuevas», manifestaron a LA REPUBLICA los organizadores, rescatando a la vez que «se ha conseguido una comunión urbana y rural en la lucha contra Dirox».

La proclama

«Con enorme esfuerzo y sacrificio hemos conseguido arrancar las verdades de las cosas sucias que tiene todo este drama», afirman al inicio del texto. «Hemos descubierto las mentiras y hasta los sobornos con que intentan comprar las conciencias de nuestros amigos, conocidos y hasta familiares». Asignan a la acción conjunta de productores y vecinos los sucesivos cierres de la empresa y la culpan de provocar el mayor conflicto ambiental del país. Resaltan además que el tema alcanzó a tener trascendencia internacional, con el caso de la empresa de transporte internacional Petro-Valle «sancionada por su acción criminal cuando lavaba las cisternas derramando entre los vecinos un veneno cancerígeno: el Cromo +6″. Los responsables «son los gobernantes que permitieron que esto pasara», dice la proclama.

Más adelante señalan que por defender «nuestra salud, derechos, producción y trabajo», han sido objeto de difamaciones, amenazas y hasta disparos. Reconocen a la vez «que no es fácil ni sencillo» ir contra 50 o 60 fuentes de trabajo muy bien remuneradas (en referencia a los empleados de la fábrica), pero demostrar «que nos vamos a enfermar y a morir al cabo de algunos años de respirar los gases y emisiones de Dirox» es primordial.

En otro pasaje acusan a Dirox por gastar «fortunas en publicidad engañosa y mentirosa para ganar tiempo y presionar para que los dejen seguir operando, con comprobados riesgos potenciales de graves accidentes y contaminación». Especial énfasis pusieron los manifestantes para que se les revele toda la información oficial «de los hechos y actuaciones de Dirox», que hasta ahora se les «ha negado».

El logro de las movilizaciones «que ponen a más de un caudillo político tembloroso, es demostrar que a Dirox la protegen decisiones políticas, por encima del sentido común, lo técnico, la Constitución y las leyes».

Y se preguntan: «¿Qué espera el Ministerio de Ganadería y Agricultura para defender a estos productores? ¿Cuándo el Ministerio de Medio Ambiente va a mostrar los informes sobre Dirox? ¿Cómo puede ser que la Dinot jamás haya sido consultada para aprobar su instalación? ¿Cómo es posible que Salud Pública desconociera que se utiliza cromo hexavalente y en qué basó sus habilitaciones? ¿Cómo podrán (las autoridades) explicarle a la población que la industria más controlada del Uruguay burló la auditoría más exigente usando cromo líquido? ¿Cuántas muertes necesita el Ministerio de Medio Ambiente para cerrarla definitivamente?

¿Quién invitó a Dirox a venir a Uruguay? ¿Por qué la Intendencia Municipal de San José permite que este tipo de industria altamente contaminante, trabaje con una habilitación municipal «precaria»?, se preguntan los vecinos y productores.

Como reflexión al final señalan «la defensa que hace de los capitales italianos el embajador Giorgio Malfatti, cuando hoy mismo está gestionando ante nuestras autoridades reducir la sanción de 60 días de clausura recomendada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente contra Dirox. ¿Es que saben que aquí las autoridades no respetan nuestros derechos?». *